Perú

Gobierno plantea incentivos para reducir la planilla estatal peruana

31 de julio de 2026

La propuesta contempla pagos por renuncia voluntaria.

La presidenta Keiko Fujimori pedirá facultades legislativas a la Cámara de Diputados. 

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori alista una de las reformas más ambiciosas para el aparato público, que es reorganizar el servicio civil mediante un programa de incentivos económicos para la renuncia voluntaria de trabajadores estatales y avanzar hacia la unificación de los distintos regímenes laborales que actualmente coexisten en las entidades públicas.

La iniciativa forma parte del proyecto de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante la Cámara de Diputados y busca reducir progresivamente el tamaño de la planilla estatal sin recurrir, en principio, a despidos de trabajadores con contratos indefinidos. 

De acuerdo con el borrador de la propuesta, el Estado ofrecería un incentivo económico a aquellos servidores que decidan dejar voluntariamente sus cargos. Para determinar el monto, el Ejecutivo plantea tomar como referencia la indemnización prevista en el régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728.

Según explicó el abogado laboralista Willman Meléndez, dicha referencia equivale, de manera general, a una remuneración y media por cada año de servicios, con un límite máximo de 12 sueldos. Sin embargo, precisó que ello no implica la creación de un mecanismo de despido indemnizado, sino únicamente una fórmula para calcular el incentivo económico que sería ofrecido durante una negociación voluntaria.

El especialista advirtió que uno de los aspectos más sensibles de la propuesta será garantizar que la decisión de acogerse al beneficio sea completamente libre y sin presiones. Recordó que durante la década de 1990 se implementaron procesos similares en el sector público que posteriormente fueron cuestionados en sede judicial debido a que algunos trabajadores denunciaron haber aceptado los ceses sin contar con tiempo suficiente para evaluar las condiciones o recibir asesoría.

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CUALQUIERA PODRÍA VERSE AFECTADO

Aunque el documento no especifica qué grupos de trabajadores podrían acceder al programa, sí identifica como uno de los principales problemas la coexistencia de diversos regímenes laborales dentro del Estado. Actualmente, las entidades públicas cuentan con servidores contratados bajo los decretos legislativos 276, 728, 1057 (CAS) y la Ley del Servicio Civil, situación que genera diferencias en remuneraciones, beneficios y condiciones laborales incluso entre trabajadores que realizan funciones similares.

Precisamente, otro de los ejes de la reforma apunta a uniformizar estas modalidades de contratación. Si bien el borrador no define cuál será el régimen definitivo, especialistas consideran que el camino más probable sería fortalecer la implementación de la Ley del Servicio Civil, creada precisamente para convertirse en el régimen general del empleo público bajo criterios de meritocracia, eficiencia y sostenibilidad presupuestal.

APROBACIÓN NO SERÍA TAN FÁCIL

No obstante, la propuesta aún deberá superar varias etapas antes de entrar en vigencia. En primer lugar, la Cámara de Diputados tendrá que evaluar el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo. De aprobarse, corresponderá al Gobierno emitir los decretos legislativos que definirán el alcance de la reforma, los trabajadores que podrán acogerse al incentivo económico, los criterios para calcular el beneficio y las garantías que asegurarán el carácter estrictamente voluntario de las renuncias.

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