Gobierno Regional exige a 5 comunas preservar la campiña y denegar habilitaciones

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) notificó semanas atrás a las municipalidades de Miraflores, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, Yanahuara y Cayma para que a través de sus consejos cautelen y protejan el paisaje natural y cultural de sus jurisdicciones, sobre todo las aledañas al valle de Chilina y margen derecha del río Chili. 

La medida busca proteger alrededor de 1400 hectáreas de campiña que forman parte de estos distritos y que están inmersas o forman parte de la zona de impacto de las obras complementarias del puente Chilina. 

El viaducto está compuesto por seis componentes. La gestión del expresidente regional, Juan Manuel Guillén, ejecutó cuatro de estas, incluyendo el puente y dejó pendiente dos tramos (I y VI) que el gobierno de Yamila Osorio pretende ejecutar. Ambos tramos comprenden la construcción de intercambios viales y vías a lo largo de casi 5 kilómetros que unirán los distritos en mención e implican intervenciones en zonas históricas, una de ellas Tocrahuasi (Cayma). 

Para evitar impactos o en su defecto mitigarlos, el GRA a través de la oficina de coordinación de evaluación de impacto al patrimonio cultural del puente Chilina, a cargo de Luis Huertas Castillo, busca la declaratoria de patrimonio cultural de la zona arqueológica en mención, así como de Lari Lari- Quebrada de Tucos y el valle de Chilina, propiamente dicho. Ello permitirá, entre otros aspectos, que estas zonas no sean presa de inmobiliarias ni intervenciones ilegales cuando empiecen las obras viales.

No obstante, para preservar las zonas, el GRA ha solicitado a las cinco comunas mencionadas que a través de sus consejos municipales declaren la intangibilidad de las zonas de sus distritos comprometidos en el proyecto. Ello impedirá que zonas agrícolas sean habilitadas para construcciones. De igual manera, ha cursado a las empresas Seal y Sedapar, documentos para que estas eviten dar factibilidad para servicios básicos a urbanizaciones que pretendan asentarse indebidamente en el lugar.

El pedido no ha sido escuchado por las autoridades ediles de estos municipios, a excepción de la comuna de Cayma, que aprobó una ordenanza prohibiendo las construcciones en zonas de campiña.