Hay 498 condenados que cumplen labores comunitarias

De los que fueron sentenciados en Arequipa, Moquegua y Tacna. El 50% de sentenciados son de nuestra región. Ellos fueron sancionados a penas en medio libre para que puedan resocializarse.

 

Por: Lino Mamani A.

 

En el sur del país existen 498 personas que fueron sentenciadas a penas en medio libre en lugar de ser recluidas en un establecimiento penitenciario. Estas medidas son dadas generalmente a los reos primarios que cometieron delitos menores y procurando de que de este modo reflexionen y no vuelvan a delinquir.

La Oficina Regional Sur – Arequipa (Orsa) del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) tiene registradas a esta cantidad de sentenciados de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, siendo nuestra región donde existe más del 50% de los casos.

Los condenados deben cumplir jornadas de prestación de servicios a la comunidad, es decir, pagar sus penas con trabajo en diferentes entidades como hospitales, municipalidades, colegios, cumpliendo labores de limpieza pública, dando charlas, como vigilantes por cierto tiempo como parte de resarcir el daño provocado.

La mayoría fueron sentenciados a penas suspendidas en casos de delitos considerados de “bagatela”, y donde los imputados cometieron estas acciones por primera vez. Generalmente son casos como omisión a la asistencia familiar (no dar pensiones de alimentos), peligro común (conducción en estado de ebriedad), desobediencia y resistencia a la autoridad, hurto simple, tráfico ilícito de drogas (cuando se le encuentra en posesión), contra la fe pública y otros del mismo rango. 

Dichas medida se dan como alternativa a no sancionar con pena efectiva a los que cometieron delitos, sino con el fin de darles una oportunidad para que puedan reflexionar y resocializarse en lugar de que sean internados en prisión y estén al lado de los internos reincidentes, corriendo el riesgo de ser influenciados y seguir inmiscuyéndose en la comisión delictiva.

Hay experiencias en las que los muchachos tuvieron buen progreso respecto al cumplimiento de dichas medidas, afirmó el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), Jaime Coaguila Valdivia. “Creo que una persona puede cambiar”, dijo el magistrado.

Inclusive detalló que la reincidencia delictiva en Arequipa no llega a superar el 20% del total de sentenciados, lo cual da un panorama de que los que cometen delitos menores no vuelven a delinquir.

 

NO CUMPLIERON

Sin embargo, lamentablemente no todos a los que les dio esta oportunidad la aprovecharon. De la cifra indicada, el Inpe informó que solo 178 condenados a jornadas laborales cumplen dichas disposiciones judiciales.

Mientras que 320 no los cumplen, de los cuales 168 se resisten a hacerlo, 117 abandonaron las jornadas de trabajo, de 23 de ellos las unidades beneficiadas no informaron sobre su desempeño.

Se tiene a 12 personas que por no obedecer las órdenes de los magistrados, se les revocó la pena suspendida a efectiva y fueron recluidos a los establecimientos penitenciarios para que purguen prisión.

El juez Coaguila Valdivia indicó que los internos tienen la obligación de cumplir las medidas dictadas o de lo contrario serán sujetos a correr la misma suerte.

 

DERROTAR HACINAMIENTO

Aparte de que las jornadas de trabajo contribuyen para la reinserción de los que cometieron delitos de rango menor, también permite descongestionar el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.

El penal de varones de Socabaya cuenta con más de 2 mil internos, cuando en realidad solamente tiene capacidad para recibir a 667 presos. Es decir, que existe una sobrepoblación de más de mil 300 internos quienes tienen que dormir en pésimas condiciones e inclusive en el piso de los servicios higiénicos y pasillos por falta de espacio. Está pendiente un proyecto de ampliación de dicho establecimiento penitenciario.

En tanto, en el penal de mujeres existe hacinamiento, pero es más controlable. Tiene más de 200 reclusas y su capacidad de albergue es de 67.

Hay que acotar que desde que en noviembre del 2015, se puso en marcha el proceso inmediato en casos de delito flagrante, este año se dictaron más sentencias (porque se evitaron procesos comunes), que por lo general también fue para que los condenados efectúen reglas de conducta para no ir a dar a la cárcel.