Arequipa

Hernando de Soto: “Sin tocar tus ahorros, sin endeudar al país y sin expropiar a nadie”

13 de febrero de 2021
Hernando de Soto, candidato por Avanza País.

El candidato presidencial por Avanza País señaló que, si bien hay una gran cantidad de candidatos para el 11 de abril, el Perú “no está para aventuras” y como primer objetivo tiene unificar al país conciliando los intereses de las clases en conflicto.

El economista arequipeño Hernando de Soto Polar postula a la Presidencia de la República representando a Avanza País-Partido de Integración Social. En la siguiente nota conozca un poco sobre su plan de gobierno en un año marcado por la pandemia y el Bicentenario de nuestra Independencia.

 

UN SHOCK DE INVERSIÓN Y TRABAJO

«Sin tocar tus ahorros, sin endeudar al país y sin expropiar a nadie»

Queridos compatriotas, como los candidatos a la presidencia de la República somos muchos, debe ser difícil distinguir unos de otros, saber si cada cual tiene claro hacia dónde quiere llevarnos, si es coherente, si tiene la capacidad de cumplir lo que promete y quiénes entre nosotros tenemos los conocimientos y sabemos batallar en situaciones de sobresaltos y grandes cambios.

En otras palabras, no estamos para aventuras. Por eso, en un espíritu de transparencia, si bien espero que me den su apoyo y me acompañen en esta elección, no pido que me den su confianza a ciegas. Quiero exponer los cuatro objetivos que voy a perseguir de ser elegido a la Presidencia, cómo haría para alcanzarlos y quienes me acompañarían en este empeño para que llegado el 11 de abril puedan tomar una decisión informada.

Mi primer y más importante objetivo es unificar al país conciliando los intereses de las clases en conflicto.

Lo que la pandemia del COVID-19 y la recesión económica subsecuente me han confirmado, es que la razón por la cual el Estado no ha podido tomar decisiones oportunas para enfrentar ambos problemas es porque en el país coexisten dos sistemas legales permanentemente enfrentados: en una orilla están los sectores AB, los empresarios, los más prósperos, y, en la otra los sectores CDE, también llamados informales, cada uno con sus propios registros.

Por sistema legal me refiero al conjunto de leyes, tratados y normas en general que favorecen a los sectores AB y CDE respectivamente.

Por registros, me refiero a los documentos donde está registrada y categorizada la información. Los títulos o certificados que nos permiten saber quién tiene derecho sobre qué, inferir el valor de las cosas y dónde están establecidas las normas que regulan cómo estas pueden ser usadas, negociadas y combinadas. Para Karl Marx, los registros eran los lugares donde se ubican “los lazos esenciales y relaciones”, y para el banquero francés Charles Coquelin son los lugares “donde los filamentos invisibles de la inteligencia social se conectan”.

CONSENSO DE WASHINGTON

El sistema legal AB es parte del Consenso de Washington, cuyo fin es proteger la inversión y los intercambios globales. Obedece a 3,300 convenios y tratados suscritos por la mano derecha de Estados como el Perú, que proveen a los sectores AB 104 registros formales reconocidos globalmente que les otorga varios derechos que los CDE no tienen. De estos, los más importantes son el derecho a usar sus activos, reputaciones y empresas como garantía para obtener financiamiento, para representar los activos en bonos o acciones, compartir la propiedad y ceder parte de ella para conseguir inversión sin dividir físicamente la propiedad.

También el derecho a utilizar esos activos como garantía para financiar servicios públicos tales como energía, agua del caño en lugar de cisterna y desagüe, o para usarlos como credenciales con fines comerciales, judiciales o civiles. Igualmente, el derecho de constituir empresas y emplear a personas que no son necesariamente parte de círculos familiares. Asimismo, el derecho a ser protegidos por la responsabilidad limitada y de blindar a su familia o su comunidad de pérdidas dramáticas. Y, por último, a separar los derechos colectivos de los individuales, de manera que los primeros no respondan por las deudas de los últimos.

El sistema legal del sector CDE, en cambio, es parte del Consenso por la Globalización Justa, que obedece a centenares de convenios y tratados suscritos por el Estado peruano con la mano izquierda, cuyo propósito es “acabar con las desigualdades de la pobreza”, y que legitima los 17,500 registros gobernados por lo que los mismos CDE llaman “derecho imperfecto.” Este consenso provee a los CDE armas esencialmente políticas lo suficientemente poderosas como para bloquear cualquier proyecto en el área de su dominio, que han sido incorporadas en 1,469 normas nacionales: leyes,  decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales y decisiones administrativas, precedentes producidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema.

Para darse cuenta de cómo el enfrentamiento entre los dos sistemas las clases, AB y CDE, agudiza dramáticamente los efectos de la pandemia sobre nuestra salud y economía, no hace falta leer los centenares de páginas que fundamentan nuestro plan de gobierno. Basta ver en la prensa cada día los crecientes enfrentamientos entre las clases AB y CDE, entre agroexportadores y jornaleros y campesinos; entre fuerzas del orden y ambulantes de Gamarra (de todas las regiones del país) y jóvenes NiNis (que ni estudian ni trabajan); entre MYPES y financieras; entre petroleros y nativos; entre campesinos, mineros de socavón y grandes empresas extractivas.

Como el Estado no es consciente de la existencia de los consensos paralelos de Washington y de La Globalización Justa, le es imposible identificar los intereses de los CDE y conciliarlos con los de AB. Delega los problemas de los sectores CDE a la policía o los municipios, donde nunca podrán ser resueltos porque, como dirían tanto Karl Marx como Adam Smith, lo que fundamentalmente genera el enfrentamiento entre AB y CDE es que los primeros pueden formar capital y los últimos no.

Esa diferencia origina que los CDE se sientan alienados y, a medida que la recesión destruye sus empleos, empresas y ahorros, se vuelvan cada vez más beligerantes, mientras los líderes AB presentan propuestas cada vez más autoritarias. Todo lo cual ha llegado a un punto de inflexión tal que, si no comenzamos a crear riqueza, cerrar la brecha entre AB y CDE y restablecer pronto la autoridad del Estado, nuestro país seguirá cuesta abajo y podríamos terminar en una situación incluso peor que la venezolana.

Ese es el problema de fondo que vamos a resolver, los sectores CDE también deben crear capital y el estado los apoyará con políticas públicas inmediatas.

«Mi segundo y más urgente ob­jetivo es rápidamente enrique­cer al país creando capital».

Por eso la primera prioridad de nuestro plan es, a partir del 28 de julio, si somos favoreci­dos con sus votos, arrancar inmediatamente nuestro agresivo programa para generar rápi­damente un capital de 37 mil millones de dóla­res que irá a los bolsillos de los peruanos como propiedad -no a los del Estado-, y no como una dádiva o un canon que el Estado reparte.

Este capital es 12 veces mayor que el presu­puesto del plan de reactivación del Estado peruano. Y podemos hacerlo sin tocar tus ahorros, sin endeudar al país y sin expropiar a nadie. En los dos primeros años, esto permi­tirá crear 150 mil nuevos puestos de trabajo.

¿Cómo lo haremos? desbloqueando alrededor de un billón de dólares (un mi­llón de millones) en recursos que ya se encuentran probados, mapeados y listos.

Para nosotros es relativamente sencillo hacer­lo porque sabemos que la creación de capital es el resultado de una cadena invisible de certificaciones que en cada caso conectar la validez de los títulos, autorizaciones, conce­siones y licencias registradas con los reque­rimientos documentales de los mercados de capital. Y sabemos a qué atajos hay que recu­rrir para capitalizar a los que ya están mapea­dos y listos para conectarse con los mercados financieros, tales como los siguientes tres:

  1. RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES

Pondremos en valor 961 mil millones de dólares en minerales probados y proba­bles que poseen tanto los formales como los informales que hoy son “capital muer­to” porque no pueden ser financiados.

En un primer extremo está el caso de los re­cursos del subsuelo que han sido concesio­nados a empresas extractivas “formales”, muchas de las cuales están siendo bloquea­das por campesinos y mineros artesana­les “informales” que son dueños de la su­perficie justo encima de esas concesiones y quienes se resisten a conceder a dichas empresas las certificaciones (conocidas como “licencia social”) que estas necesi­tan para acreditarse en las bolsas de valores.

En un segundo extremo están los campesi­nos que viven de la explotación de recursos agrícolas renovables en áreas mineras que son renuentes a otorgar la “licencia social” a las empresas extractivas porque se sien­ten alienados, ya que sus derechos no están certificados de manera tal que sus activida­des agrícolas puedan ser financiadas en los mercados de capital al igual que las mineras.

En un tercer extremo está el caso de los re­cursos controlados por mineros informales cuyo potencial de crear riqueza sustancial está bloqueado porque las distintas autoriza­ciones excepcionales que les permiten operar no están certificadas de manera que puedan ser censadas, recibir concesiones y negociar dentro de la ley con titulares sin que nadie sea expropiado, comercializar lo que produ­cen y acreditarse en mercados financieros.

Hay por supuesto otros casos que no hemos cuantificado todavía. Ninguno será insolu­ble, sin embargo, pues nuestros protocolos pueden conectar sistemáticamente a través de una cadena de certificaciones, cualquier actividad legítima realizada en los terrenos de los CDE con los mercados de los AB.

Es un hecho que las amenazas como las pan­demias traen no solo crisis, sino que tam­bién puede acelerar el desarrollo económico, tecnológico y social. Un ejemplo es la gripe española que apareció en 1918. Duró hasta la gran depresión de 1930 y mató a unos 30 millones de personas. ¡Trágico! Pero miran­do más lejos, durante la década de los 30 EE. UU. creció mucho más que en los años pre­vios debido, entre otras cosas, a dos grandes innovaciones que permitieron la aplicación de la electricidad a la manufactura y la uti­lización de motores de combustión interna para impulsar la fabricación de vehículos.

¿Y qué tiene esto que ver con el panorama peruano que enfrentamos? Mucho. Ahora que nos vemos obligados a aislarnos vamos a de­pender más de la tecnología, del teletrabajo, la teleeducación y la telemedicina para diag­nosticar y monitorear a distancia. Para todas esas “teles” son indispensables nuestros re­cursos naturales, ya sea el cobre que inactiva bacterias y virus, el litio sin el cual no hay baterías para los carros eléctricos, la plata o las tierras raras sin las cuales no funcionan ni las computadoras ni los paneles solares, el uranio y el oro que seguirá siendo un refugio financiero. Por ello vamos a utilizar nues­tros conocimientos y contactos para desblo­quear lo conocido y abrir esta nueva frontera.

  1. Activos urbanos de los sectores CDE para garantizar mejores condi­ciones de crédito y formar su capital propio.

Estos tienen un valor total de 83 mil millo­nes de dólares. Incluyen viviendas y pre­dios con un valor de 74 mil millones de dólares; taxis, microbuses, colectivos, moto­taxis informales con un valor de 3,500 mi­llones de dólares; y dos millones trescien­tas mil MYPES con activos por valor de 5 mil millones de dólares que generan 45 mil millones de dólares de ingresos anuales.

El potencial de los titulares de estos ac­tivos para garantizar mejores condicio­nes de crédito -sin ponerle topes a na­die- y ampliar sus posibilidades de formar capital está, sin embargo, bloqueado.

Mi gobierno los desbloqueará dándoles les dará certificaciones necesarias para fusionar­se, integrar cadenas productivas, asociarse con gente talentosa que no son parte de su familia, llevar una contabilidad formal, bajar los costos de abrir cuentas y limitar respon­sabilidades para tomar riesgos razonables

  1. Compras estatales de la producción de las MYPES.

En el primer semestre mi gobierno in­tentará completar los ajustes necesa­rios para que el Estado adquiera el 40 por ciento de sus bienes y servicios a las MYPEs, según dispone la Ley 28015.

Para ello, veremos que el Estado publique opor­tunamente la información de lo que comprará y en qué fechas lo hará para que las MYPEs tengan tiempo de prepararse. Y lo mismo para desregular normas, expedientes técnicos, es­pecificaciones y documentos de licitaciones que obstaculizan estas compras. Esto crearía un mercado para las MYPES peruanas de al­rededor de 5 mil millones de dólares anuales.

En base a la información que hemos recogido sabemos que los 500 líderes de los gremios CDE que se han plegado a nosotros mediante el Pacto Social, y los dirigentes de los 17,500 registros de “derecho imperfecto”, quieren en su mayoría cumplir las siete condiciones que requieren para operar a escala nacional y glo­bal y acceder al crédito y al capital.

Sabemos que esto es posible por nuestras consultas y trabajos con las empresas certi­ficadoras -notarías, aseguradoras, emisoras de seguros y de seguro de títulos, emisores de certificados, suscriptores, estudios de abo­gados y titulizadores. Sabemos que esta ca­dena de certificaciones existe, que todas esas empresas son inadvertidamente eslabones de esta cadena, y que lo único que falta es que el Estado retire las trabas, la haga reconocible, y las aliente para permitirles:

  1. Certificar la ubicación de los recursos, la identificación de los propietarios y la existen­cia de normas y autoridades locales que deter­minen la validez y ejecutabilidad de los títulos;
  2. Certificar que las normas existen­tes permitan que los títulos puedan ser­vir como garantía para levantar capi­tal en una jurisdicción determinada;
  3. Certificar que los titulares tengan o estén preparados para adoptar una forma de orga­nización empresarial que les permita ser re­conocidos y protegidos en el mercado global;
  4. Certificar que las normas existen­tes permitan que esos propietarios adop­ten mecanismos empresariales para li­mitar su responsabilidad, de manera que puedan protegerse de las decisiones que se adopten contra sus intereses personales;
  5. Certificar que las leyes existentes también les permitan elegir con quiénes se asocian y adquirir propiedad vía acciones y participa­ciones, de manera que puedan apropiarse de la plusvalía y convertirse en propietarios de industrias de alta productividad y gran escala;
  6. Certificar que los títulos cum­plan con las normas locales que go­biernan la formación del capital; y
  7. Certificar que los títulos cumplan con las reglas, enmiendas, prácticas, interpretacio­nes y prohibiciones que rigen los mercados financieros globales, incluyendo normas ta­les como las leyes antifraude del mercado de valores, convenciones internacionales para una globalización justa, los acuerdos de libre comercio y los tratados de inversión.

Estas siete certificaciones refuerzan y expan­den los derechos contenidos en los títulos, que se originan en las instituciones de los sectores AB y CDE, agregándoles las salva­guardas que requieren los mercados financie­ros para prevenir el fraude. Una vez que las certificaciones y las salvaguardas han sido empaquetadas en un legajo, el emisor de una inversión puede ingresarlo por la ventanilla de entrada de un banco como una garantía, y dicho banco estaría en libertad de acreditarlo como activo. El banco puede, entonces, emi­tir dinero a través de su ventanilla de salida, registrándolo en sus libros como un pasivo.

Como Karl Marx y Adam Smith hubie­sen reconocido si estuvieran vivos, los pe­ruanos extraerían de la tierra finalmente no solo papas y oro, sino también capital.

Para mi gobierno la unificación de los registros es el punto de entrada del flujo de conocimien­tos que permitirá proteger al Perú, de todas las sangres y culturas, de los abusos de los ines­crupulosos y, simultáneamente, convertirnos en una nación civilizada cuyos ciudadanos pueden interactuar libremente entre sí y con el resto del mundo sin necesidad de formar ar­gollas o ser víctimas de “brokers” culturales.

En verdad nada de esto es nuevo: todos los países desarrollados han recorrido inadver­tidamente este camino. Así lo hicieron en EE.UU. para domesticar el “Salvaje Oeste” y resolver los conflictos de la Fiebre del Oro en California; en Europa, para recoger las piezas del orden feudal desmoronado; en Asia, para reensamblar al Japón luego de la Segunda Guerra Mundial; y, posteriormen­te, para unificar el Este y el Oeste de Eu­ropa luego de la caída del Muro de Berlín.

Así se suponía que lo iba hacer el Perú con COFOPRI -que nosotros del ILD ideamos y diseñamos- pero desgraciadamente pre­valeció el monstruoso mito que los títulos de propiedad bastarían para generar capital.

En resumen, el modelo económi­co no es el problema, lo que le falta es que sea inclusivo. Y nosotros sabemos cómo hacerlo en el próximo gobierno.

El cuarto objetivo es dotar a los peruanos de los me­canismos que les permitan hacerse escuchar, participar en las decisiones del gobier­no y pedir que se les rindan cuentas.

No es casualidad que casi todas las socie­dades exitosas del mundo tengan, de una forma u otra, los mismos mecanismos. Im­plícitamente, esto quiere decir que su de­mocracia, a diferencia de la nuestra, no se limita a tener elecciones de vez en cuando, sino que recoge continuamente la volun­tad ciudadana de una ciudadanía debida­mente informada de los actos de gobierno.

Por ello, antes de concluir el segun­do año de mi mandato, los perua­nos tendremos derechos efectivos a:

  1. Evitar ser sorprendidos con normas arbitra­rias, imprevisibles e ineficientes, conociendo el contenido de las normas antes de que el Poder Ejecutivo-y, más adelante, otras en­tidades del Estado- las pongan en vigencia;
  2. Conocer los fundamentos técnico-económi­cos de las normas antes de ser promulgadas;
  3. Opinar sobre cada norma antes de su pues­ta en vigencia mediante canales constitui­dos a través de los medios de comunicación;
  4. Opinar directamente ante el Poder Eje­cutivo mediante la remisión de comenta­rios escritos o la participación en audien­cias públicas sobre las normas que los funcionarios pretenden poner en vigencia;
  5. Conocer, al momento de publicarse la norma finalmente adoptada, la razón por la cual los funcionarios recogieron o des­cartaron las opiniones de los ciudadanos;
  6. Ejercer el derecho de petición, pudien­do presentar al Poder Ejecutivo propuestas de normas o políticas a adoptarse y de esta manera mejor servir a nuestros niños, a los jóvenes de cuya energía depende la cons­trucción del futuro del país y de los adultos mayores, cuya sabiduría es indispensable.
  7. Identificar a los funcionarios públi­cos encargados de la elaboración de las normas y la toma de decisiones;
  8. Poner en verdadera vigencia el silencio administrativo de modo que toda solici­tud sea considerada favorablemente re­suelta si la entidad no se pronuncia res­pecto de ella en un plazo prudencial; y
  9. Participar en consultas populares que per­mitan que un número determinado de ciu­dadanos pueda promover la votación, a nivel nacional, regional o local de sus iniciativas.

LA ESTRATEGIA DE LOS CUATRO OBJETIVOS

Con estos cuatro objetivos vamos a poder resolver los problemas que enfrenta el Perú en base a la opinión y los intereses del pue­blo en lugar de los que provienen de la par­tidocracia y los lobbies que hoy proliferan.

No seremos amedrentados o vetados ni por la comunidad internacional anti empresa­rial, anti minera y anti global que a veces utiliza indebida y abusivamente las armas del Consenso por la Globalización Justa, ni por la comunidad internacional que en oca­siones utiliza excluyentemente las armas del Consenso de Washington. Porque, a di­ferencia del actual gobierno y sus predece­sores, conocemos bien los dos consensos al anverso y al reverso y sabemos cómo con­ciliarlos y satisfacer a ambas comunidades.

Esto nos permitirá liberar a las empresas AB que hoy están maniatadas por trámites y nor­mas absurdas que las limitan a dar empleo solo a uno de cada cuatro peruanos, y empo­derar a las pequeñas empresas con las siete certificaciones que les faltan para aumentar su productividad, formar capital y prospe­rar. Cuando tengamos éxito, el Estado pe­ruano habrá recuperado su plena soberanía.

Para que estos cuatro objetivos -unir, en­riquecer, despopulizar y democratizar las decisiones del gobierno- se apliquen en cada sector de gobierno, contamos con un equipo de ilustres peruanos universal­mente conocidos por haber resuelto gra­ves problemas en tiempos tempestuosos y cambiantes y que han probado ir siempre más allá del conocimiento convencional.

El hecho de que los ilustres peruanos que me acompañan provengan de distintas canteras puede indicarle al elector que mis principios democráticos son auténticos, que mi gobier­no no será intolerante, que estoy dispuesto a escuchar a todos porque mi curiosidad es inagotable, y que me importa menos de dón­de proviene la gente que hacia dónde va.

Hernando de Soto

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