Hidroeléctrica Charcani VII es inviable para Gobierno Regional
21 de diciembre de 2017

La central hidroeléctrica Charcani VII es inviable técnicamente para el Gobierno regional de Arequipa (GRA).
La razón se ubica en zona de reserva paisajista, es decir en área “no urbanizable, ni edificable” de acuerdo a un informe preliminar de la oficina de Evaluación de Impacto al Patrimonio Cultural del Puente Chilina.
Esta dependencia del Gobierno regional realiza trámites ante el Ministerio de Cultura para que el valle del mismo nombre sea declarado como patrimonio cultural de la Nación. El proceso es necesario para la ejecución de obras complementarias al puente Chilina. Con la declaratoria se lograría la intangibilidad de la zona, lo que sería una especie de candado para la central hidroeléctrica.
El proyecto se ubica en la cuenca del Río Chili a pocos metros del santuario de Chapi, que se encuentra en el sector de Carmen alto (Cayma). Demandará una inversión de 50 millones de dólares y generará 20 MW de energía. Apunta a y reemplazar a las hidroeléctricas de Charcani I, II y III.

El coordinador de la oficina en mención, Luis Huertas Castillo, confirmó que la infraestructura afectará dos zonas específicas, según coordenadas obtenidas del propio proyecto. La primera, involucra parte del denominado Valle Ecológico «Las Rocas», donde existen cerca de 80 especies de Fora y Fauna propias de la región. El canal de aducción de la hidroeléctrica cruzará por esta zona de valor cultural, impactándola negativamente. La segunda, compromete al propio Valle Chilina. La presa, sala de máquinas y otras áreas de la hidroeléctrica se levantarán en esta zona.
“No nos oponemos al proyecto, creemos que es necesario para la provincia, pero la ubicación donde ha sido proyectado lo hace inviable técnicamente”, explica Huertas. La recomendación del GRA a la Empresa de Generación Eléctrica (Egasa), es puntual. Debe trasladar la infraestructura fuera del perímetro del Valle Chilina.
EN MANOS DEL IMPLA
Hace dos semanas, cinco funcionarios de Egasa, entre ellos el asesor legal de la empresa, Daniel Cervantes y Abelardo Meza, miembro del directorio de la generadora, se reunieron con la gobernadora regional, Yamila Osorio, para presentar el proyecto. Allí la Región advirtió el problema en torno al proyecto. Egasa por su parte, se comprometió a entregar las coordenadas exactas del proyecto para buscar una salida.

Para respaldar su postura, el área de Evaluación de Impacto al Patrimonio Cultural del Puente Chilina de la Región, pidió que el Instituto Municipal de Planeamiento (Impla), ente adscrito al Municipio Provincial y que tiene a cargo el proceso de planificación y desarrollo de la provincia, emita un pronunciamiento en torno al proyecto.
Este respondió de forma positiva, respaldando – en parte– la postura del GRA mediante oficio Nº 0891 el 12 de diciembre último.
En el documento firmado por el gerente general del ente, Francisco Ampuero, se recalca que la central hidroeléctrica “se encuentra ubicada en zona de reserva paisajista (Valle Chilina) y de zona de Reglamentación Especial de Patrimonio Natural (Parque Ecológico). La primera tiene condición de no urbanizable ni edificable y la segunda corresponde al sector denominado “Parque de las Rocas”, sujeto a la elaboración de Plan Específico”.

Huertas refiere que este último término (Plan específico); podría dar luz verde para que Egasa inicie un proceso de desafectación de la zona, o sea que solo las hectáreas comprometidas en el proyecto, queden libre de la declaratoria de reserva paisajista. En ese caso el Municipio provincial tendría que declarar el cambio de uso del sector. En pocas palabras, la hidroeléctrica, en la práctica está en manos del Municipio Provincial.
IMPACTO A SANTUARIO
La afectación a la zona de reserva no sería el único inconveniente que ponga en peligro el proyecto de la hidroeléctrica; también habría un impacto visual al Santuario de Chapi (Cayma), que quedaría postergada, tras la central. Ello, a decir de Huertas, tendría impacto en el peregrinaje que la población hace a esta zona cada 1 de mayo desde hace más de 20 años. “Se estaría afectando el patrimonio inmaterial”, dice.
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