Impacto de la minería ilegal se agravó durante este 2025

Observatorio de Minería Ilegal alerta sobre riesgos al territorio.

La expansión de la minería ilegal en el Perú durante el 2025 dejó una huella territorial y ambiental sin precedentes, especialmente en la Amazonía, además de generar significativas pérdidas económicas al Estado. Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, esta actividad ilícita movilizó 3 mil 355 millones de dólares, según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recogida por el Observatorio de Minería Ilegal (OMI).

Los reportes advierten que la minería ilegal se consolidó como una de las principales fuentes de operaciones sospechosas dentro del sistema financiero, con una expansión sostenida a lo largo del año. El OMI señala que el 2025 estuvo marcado por el incremento de dragas en ríos amazónicos, una deforestación acelerada y una creciente contaminación por mercurio.

EXPANSIÓN TERRITORIAL

De acuerdo con estudios del OMI, la minería ilegal de oro está presente en nueve regiones del país, afectando a 73 comunidades nativas y a más de 250 ríos y quebradas. La deforestación acumulada por la minería artesanal y de pequeña escala alcanzó 139,169 hectáreas, con Madre de Dios como principal foco, al concentrar el 97.5 % del área impactada.

En esta región, el número de dragas se incrementó de 140 en 2021 a mil 613 en 2025, con la participación de aproximadamente 6 mil 400 mineros ilegales. En Loreto, la actividad se intensificó en las cuencas de los ríos Nanay, Yaguas y Tigre, mientras que en Huánuco la deforestación por minería ilegal se triplicó en un año, al pasar de 558 hectáreas en 2024 a 1,700 hectáreas en 2025. El observatorio también advirtió que la expansión alcanza zonas fronterizas con Colombia y Brasil.

IMPACTO DEL MERCURIO

Uno de los efectos más críticos identificados es la contaminación por mercurio. Investigaciones citadas por el OMI revelan que ríos como el Napo, Nanay, Putumayo y Curaray presentan signos evidentes de degradación ambiental. Asimismo, estudios realizados en comunidades del Bajo Putumayo indican que el 97 % de las personas evaluadas supera los niveles de mercurio recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe advierte además que peces comercializados en mercados de Iquitos exceden los límites permitidos de mercurio, lo que compromete no solo la salud de las comunidades ribereñas, sino también la seguridad alimentaria y la salud pública de poblaciones urbanas.

DEBILIDAD INSTITUCIONAL

El OMI alertó también sobre retrocesos normativos y propuestas legislativas que podrían flexibilizar la actividad minera en cuerpos de agua, pese a la evidencia científica existente. “El aumento de dragas en ríos, la deforestación acelerada, la contaminación con mercurio, la destrucción del tejido social y otros delitos conexos, sumados a retrocesos legislativos, han debilitado la fiscalización y favorecido esta actividad”, señaló la organización.

El balance del 2025 confirma que, pese a los esfuerzos de comunidades y algunos sectores del Estado, la minería ilegal continúa expandiéndose en un contexto de débil control institucional. Ante este escenario, el Observatorio exhortó a fortalecer la fiscalización, frenar retrocesos legales y promover una minería ordenada, trazable y libre de mercurio, que respete el ambiente, los derechos humanos y los territorios indígenas.

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