Intervienen a juez por haber aceptado una probable coima

Integrantes de la Fiscalía Anticorrupción y de Control Interno del Poder Judicial intervinieron el despacho del juez Gino Valdivia Sorrentino, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Mariano Melgar, luego que se encontrara en flagrancia a los familiares y abogados de una mujer que intentó quitarle la vida a su hija, a quien buscaban dejar en libertad.

Al promediar las 13:45 horas aproximadamente, se intervino el despacho del juez Gino Valdivia Sorrentino, en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Mariano Melgar, luego que se encontrara a cinco personas en flagrancia, tratando de concertar la libertad de una mujer a cambio de dinero.

En total son seis las personas intervenidas, incluyendo al magistrado. Se trata de los familiares y abogados de Angélica Cahuana Rosales, mujer de 36 años, quien fue acusada de intentar asesinar a su pequeña hija de 4 años dándole veneno en el distrito de Miraflores. Ellos contactaron con el juez para entregarle el dinero a cambio de dejarla en libertad. Se había acordado un pago de 12 mil soles, habían dado un adelanto de 4 mil soles.

Hasta el lugar llegó la fiscal superior de Control Interno, Virginia Aquize Días, junto a la fiscal superior, María del Rosario Lozada Sotomayor, el fiscal de Control Interno, Julio Tapia, los mismos que contaron con el apoyo de la fiscal coordinadora de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, Madeleine Córdova Iriarte, para realizar la intervención.

Presuntamente el juez Gino Marcio Valdivia Sorrentino habría incurrido en el delito de Cohecho pasivo (coima). Estaban también implicados los abogados Lily Huanqui Ramos y Marco Antonio Luque Chayña, además de los familiares de la parricida, a quien supuestamente se iba a favorecer con la libertad a cambio del monto pactado.

Este experimentado magistrado ya tuvo antecedentes cuestionados anteriormente. La primera vez que el juez se hizo conocido a nivel nacional fue por una presunta irregularidad ocurrida en el 2016, cuando ordenó la liberación de Víctor Chuse, quien había sido enviado a prisión preventiva por insultar a policías en Pucusana, en la ciudad de Lima.

Aquella vez la defensa presentó un hábeas corpus y el juez arequipeño consideró que la medida era excesiva y ordenó la liberación.
Otro hecho también duramente cuestionado fue cuando dispuso la anulación de la sentencia que se le otorgó al alcalde de Mariano Melgar, Edwin Martínez Talavera, luego que fuera encontrado manejando su camioneta en estado de ebriedad. Esa vez se pidió para el alcalde un año de pena suspendida de la libertad y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años.

Hace algunos días el propio burgomaestre se ufanó al declarar que no lo habían sentenciado y que incluso contaba con su Licencia de Conducir, lo que para muchos fue muy raro, ya que una de las primeras medidas para quienes son encontrados cometiendo el delito de Peligro Común, es precisamente la suspensión de su Licencia de Conducir por un lapso de tres años.

“Yo tengo mi Licencia de Conducir, a mí nadie me ha inhabilitado, solo que prefiero no manejar por respeto a la población”, añadió el ahora candidato a la Municipalidad Provincial.

DATO

Hasta el cierre de la presente edición las diligencias no concluían.