Juicio por compras directas contra Guillén inicia en octubre

 

El 4 de octubre iniciará el juicio oral en contra de Guillén Benavides y 7 exfuncionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por los presuntos delitos de negociación incompatible y malversación de fondos. 

La denuncia se origina porque al interior del GRA crearon un sistema de contrataciones ilegal. Se saltaron las normas de contrataciones del Estado que ordenan convocar a procesos de licitación. Realizaron compras directas.

Según la acusación fiscal durante el 2012 al 2014, el GRA realizó 73 contrataciones directas sin proceso de selección, pese a que los montos de los servicios y bienes adquiridos, sobrepasaban la tasa límite de tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Por norma cuando esto ocurre, debe convocarse a una licitación.

Las compras realizadas ascienden a S/ 38 millones 298 mil 985. Corresponden a obras como el puente Chilina (30 contratos), mantenimiento y encauzamiento de los ríos Chili y Colca (12), variante de Uchumayo (16), puesta en valor de la casa museo Mario Vargas Llosa (1 contrato), entre otros.

Otro caso es que el GRA no transfirió, entre el 2007 a 2011, el monto completo del 20% del canon minero que le correspondía a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Unsa). Para la Fiscalía el retraso afectó proyectos de investigación, y aunque hubo algunas transferencias fueron parciales.

La jueza del Juzgado Unipersonal de Paucarpata, Rossmery Quiroz, escuchará los argumentos de ambas partes y definirá si acepta el pedido de la fiscalía de cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad para el exgerente general, Jorge Luis Aguilar, y para el expresidente 3 años y 4 meses, en calidad de cómplice.

Para la exjefa de la Unidad Funcional de Apoyo de Proyectos, Sarah Peña Dávila, y los exjefes de la Oficina de Administración en el 2012 y 2013 respectivamente, Rossana Morays Velásquez y Juan Velille Torres, piden cinco años de pena y la inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo plazo para todos.

Por el caso de la Unsa, a los exfuncionarios: Miguel Ocharán Pichu, Eliana Vargas Paz y Víctor Hugo Quispe Rodríguez, piden una pena de tres años de prisión e inhabilitación.

Hasta ahora, Guillén Benavides esquivó la acusación presentada por la Fiscalía Especializada en el tema ambiental por la contaminación de las curtiembres ubicadas en Río Seco. En primera instancia fue absuelto por un juez.