Justicia a la medida: El camino del sur al acuerdo

El diálogo frente a la crisis judicial en nuestra región.

Por: Maggaly Zaida Quispe De La Cruz, directora de Punto Concilia.

Hay una advertencia histórica, formulada en el año 1790 por el francés Louis-Pierre-Joseph Prugnon, que parece haber sido redactada pensando de forma exclusiva en la compleja realidad del Perú contemporáneo: «Hacer justicia es solo la segunda obligación de la sociedad: Evitar los pleitos es la primera». Sin embargo, en el día a día de nuestro entorno, la costumbre colectiva camina por una vía completamente opuesta. Ante la aparición de cualquier fricción cotidiana ,sea el preocupante impago de un alquiler, una deuda acumulada entre comerciantes o la necesidad de fijar una pensión de alimentos, la respuesta automática e institucionalizada suele ser la misma frase confrontacional: «¡Nos vemos en el juzgado!».

Pero seamos completamente honestos con la realidad que golpea las puertas de los hogares y los negocios en este año 2026. Sumergirse de lleno en un proceso judicial largo no es solamente comprar un boleto hacia un dolor de cabeza crónico y un desgaste emocional profundo; representa, por encima de todo, una pésima y destructiva decisión financiera. Frente al laberinto burocrático y la sobrecarga del Poder Judicial, los mecanismos alternativos, y en especial la conciliación extrajudicial, no deben ser vistos como un simple trámite administrativo previo a la batalla legal. Al contrario, se levantan hoy como un auténtico salvavidas para proteger la economía de las familias y devolver la tranquilidad mental a la ciudadanía.

El mito del juicio

Durante décadas, la población ha interiorizado de manera equivocada que gozar de un verdadero «acceso a la justicia» significa únicamente que un magistrado del Estado nos otorgue la razón después de atravesar años de papeleo, notificaciones y audiencias postergadas de forma indefinida. No obstante, la doctrina moderna nos enseña que el Estado tiene la obligación fundamental de ofrecernos un abanico diverso, un auténtico sistema con «múltiples puertas» de atención especializada, tal como propuso en su momento Frank Sander de la Universidad de Harvard.

Para entender este concepto de forma sencilla, podemos imaginar la administración de la justicia como un gran hospital de la seguridad pública: si un ciudadano padece de un resfriado común o una dolencia menor, acude de inmediato a una posta médica cercana o a una consulta externa ambulatoria; no exige entrar de forma directa a la sala de operaciones complejas. Lamentablemente, en nuestra cultura actual hacemos exactamente lo contrario: saturamos la «sala de operaciones» que representa el Poder Judicial con desacuerdos comerciales y familiares que podrían solucionarse de manera óptima conversando de forma guiada en una mesa de diálogo. En el sur del país, donde la población es eminentemente trabajadora, emprendedora y donde el motor del comercio no se detiene bajo ninguna circunstancia, congelar capitales o paralizar el crecimiento de los negocios por culpa de un expediente estancado en un anaquel es un lujo que nadie puede permitirse.

El papel arrugado

La destacada jurista y académica María Elena Guerra-Cerrón utiliza una analogía sumamente gráfica y humana para explicar la naturaleza del conflicto en sus investigaciones: «Si un papel se arruga de forma violenta, nunca vuelve a recuperar su forma original, por más que intentemos plancharlo con cuidado». Con los vínculos humanos y empresariales ocurre exactamente el mismo fenómeno. El litigio judicial prolongado actúa como un ácido que destruye las relaciones de vecindad, comerciales o familiares de forma irreversible, dejando heridas que ninguna sentencia logra sanar.

En claro contraste, la conciliación extrajudicial se presenta como una invitación abierta a pasar de forma madura por el «templo de la concordia» mucho antes de tomar la decisión de declarar la guerra en los tribunales. Un porcentaje muy bajo de la ciudadanía tiene pleno conocimiento de que un Acta de Conciliación no es un simple papel de compromiso, sino que posee el mismo peso legal y la misma fuerza ejecutiva que la sentencia firme dictada por un juez de la República. La ventaja más grande de esta herramienta radica en que, en lugar de permitir que un tercero ajeno a nuestra realidad decida de manera fría el destino de nuestros recursos, somos los propios interesados quienes diseñamos una solución a la medida exacta de nuestras necesidades. Lo que en la vía judicial convencional toma años de costosa incertidumbre, en un centro de conciliación se resuelve con total validez en cuestión de días o semanas.

Tareas del mañana

Para lograr que este cambio de mentalidad deje de ser un buen deseo y se transforme en una realidad tangible para el sur peruano, se requiere con urgencia trabajar en dos frentes específicos de la sociedad. En primer lugar, es imperativo transformar el chip formativo desde las aulas de educación superior. Las facultades de derecho de las universidades locales deben dejar de preparar a los futuros profesionales de las leyes bajo el único enfoque de la confrontación en los juzgados. El mercado y la sociedad necesitan de forma urgente abogados con un perfil conciliador, expertos en las dinámicas de la escucha activa, la negociación estratégica y el hallazgo de soluciones rápidas y pacíficas.

En segundo lugar, resulta vital revalorizar con justicia la labor cotidiana de nuestros jueces de paz. En las zonas geográficas más alejadas y vulnerables de nuestras provincias, más de 5,000 jueces de paz realizan diariamente una labor extraordinaria uniendo las manos de las partes en conflicto. El Estado y las instituciones civiles deben brindarles un respaldo total, porque ellos comprenden las necesidades reales de sus comunidades de una manera mucho más profunda y directa que cualquier código de procedimientos legales escrito en la capital.

Redes de concordia

Apostar decididamente por el acuerdo mutuo y abrir de par en par nuevas puertas de solución pacífica no constituye únicamente una salida legal inteligente para descongestionar el sistema; representa el único camino viable para construir una convivencia en paz duradera, manteniendo el bienestar de los ciudadanos totalmente protegido. Como recordaba con sabiduría Nelson Mandela en sus discursos más memorables: «Siempre parece imposible hasta que finalmente se hace».

Desde nuestra tribuna en Punto Concilia, asumimos la responsabilidad y el compromiso de guiar a la comunidad del sur hacia esa justicia a la medida. Para brindarles soporte directo y asesoría en la resolución pacífica de sus conflictos, pueden ubicarnos físicamente en la calle Bartolomé Herrera Nº 205-A, comunicarse al 914620100 o seguir nuestras plataformas virtuales, en www.puntoconcilia.org, y en Facebook e Instragram como (@punto.concilia).

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