Por: Lucas Z Granda

           Martín Benavides titular del Ministerio de Educación adelanto que el reinicio de clases presenciales en marzo del 2021, dependiendo del avance de la COVID-19, claro está, y el compromiso de la ciudadanía, argumentando “muchas necesidades se han solucionado mediante las estrategias de acuerdo con cada realidad”, le tomaremos la palabra al recordar la última gran protesta de la comunidad educativa en el 2017. Terminar el gobierno, no debe ser sinónimo de piloto automático.

            La educación es un servicio público para toda la ciudadanía, mediante el cual se debe garantizar la renovación generacional de la población económicamente activa, ciudadanía integral y agentes de cambio para el desarrollo de un país.

            En el Perú, el año 2017 se encontraba un presupuesto para el sector educación de 2.8 % del PBI (Producto Bruto Interno), siendo uno de los más bajos en toda la región Latinoamericana, comparando con el país de Bolivia que invertía 8.7 % de su PBI. La voluntad política que tenía el presidente de turno Pedro Pablo Kuczynski  no era a favor del sector público, en el acceso ni en la calidad, pero si establecer normas regulatorias para el sector, fomentar la inversión privada, aumentando el erario nacional.

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            Para la ley de reforma magisterial que se estaba implementando, se encontró deficiencias al no coincidir, la práctica docente con la propia aplicación de la reforma. Aplicando un mensaje de desarrollo de la carrera pública magisterial basada en la meritocracia, pero el mensaje se volvía difuso para las capacitaciones de los docentes anteriores a las evaluaciones, la aplicación de las rubricas de evaluación, horas no compensadas, incremento de las jornada laboral no compensadas, los despidos arbitrarios y las escalas remunerativas.

            Se tiene institucionalizado una desconfianza no solo al sector público sino de manera particular al Ministerio de Educación (MINEDU) de parte de los sindicatos regionales y locales de docentes, la mayoría agrupados por el Sindicado Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Siendo la educación un tema abandona al sentir de la comunidad educativa (padres, madres, estudiantes, administrativos, directivos y docentes), generando brechas en infraestructura, calidad de la enseñanza, ambientes de laboratorio o educación para el trabajo, accesibilidad de las Instituciones Educativas en áreas rurales dispersas y urbanas marginales, entre otras. Reforzando los lazos de desconfianza con el Estado peruano y generando una situación de incertidumbre para el sector educativo.

            Los intereses que se manejaban estaban polarizados, el 15 de junio se cumplía un mes de protestas en la Región del Cusco por parte de los docentes. El gobierno se quedaba sin interlocutores al ver mensajes del presidente de la República como: “tengo información que los sindicatos tendrían vínculos con el movimiento Pukallacta y con MOVADEF”, tildando a las y los docentes de vínculos con terroristas de Sendero Luminoso. Por otro lado la ministra de educación de turno, Marilú  Martens no atiende las demandas de las regiones, argumentando que son propuestas innegociables como la escala remunerativa de ganar al 2021 una UIT, el incremento 100% a su salario, el pago de la deuda social y no rendir exámenes de desempeño por miedo a ser despedidos.

            Los medios de comunicación tuvieron una participación parcializada con el gobierno, no escuchando a los docentes desde las diversas regiones, solo volteando a verlos cuando se encontraban en las calles de Lima. Donde la plataforma de lucha ya había radicalizado sus demandas, como por ejemplo: aumentar el presupuesto al 8% del PBI, postergación de la evaluación docente al 2018, incremento salarial del 60% sin incremento horario, el pago del 30% de preparación de clase y demás deuda social, nuevo régimen pensionario que dignifique a los maestros cesantes, el aumento de plazas para concurso de ascensos de escala y la derogación del decreto supremo sobre el reconocimiento de los gremios del sindicato nacional. Sumando también la demanda de los 140 mil docentes en condición de contrato con 1138 soles de sueldo, exigiéndoles maestrías, y dejándolos fuera de la reforma.

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En cambio el Estado perseguía con la ley de reforma magisterial:

1. Contribuir a garantizar la calidad de las instituciones educativas públicas, la idoneidad de los profesores y autoridades educativas y su buen desempeño para atender el derecho de cada alumno a recibir una educación de calidad.
2. Promover el mejoramiento sostenido de la calidad profesional e idoneidad del profesor para el logro del aprendizaje y del desarrollo integral de los estudiantes.
3. Valorar el mérito en el desempeño laboral.
4. Generar las condiciones para el ascenso a las diversas escalas de la Carrera Pública Magisterial, en igualdad de oportunidades.
5. Propiciar mejores condiciones de trabajo para facilitar el buen desempeño del profesor en las instituciones y programas educativos.
6. Determinar criterios y procesos de evaluación que garanticen el ingreso y la permanencia de profesores de calidad.
7. Fortalecer el Programa de Formación y Capacitación Permanente establecido en la Ley 28044, Ley General de Educación.

            Son tiene que retomar el camino orgánico, consultivo y autónomo del Consejo Nacional de Educación bajo el horizonte de contribuir en la formulación y seguimiento de un “Proyecto Educativo Nacional”, reconociendo la elaboración del Proyecto Educativo al 2036.

Se concluye en problemas que se visualizaron de manera latente el 2017:

            En una entrevista con el sociólogo y educador el Lic. Olger Cuba docente de la Región Arequipa, nos manifestaba “no hay confianza hacia el maestro, el Estado no confía en el maestro y el maestro no confía en sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. Mientras no se invierta en educación la problemática seguirá, recién ahora se está levantado la carrera docente, y con ello un gran cambio para el país”. Entonces los cambios van a un ritmo lento, pero cumpliendo compromiso.

            Le seguimos tomando la palabra a Martín Benavides, seguimos apostando por la educación, como un sistema de liberación, ejercicio de ciudadanía y renovación de nuestra política. No dejemos las luchas que se conquistaron en el pasado.

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