La pandemia de la corrupción
Fiscalías anticorrupción recibieron 57 denuncias.
Desde que estalló la crisis en marzo los niveles de gobierno necesitaron mover los recursos en el menor tiempo posible para hacer frente a las necesidades de una población que fue obligada a mantenerse aislada para evitar contagiarse del SARS-CoV-2. Escenario propicio para que el virus de la corrupción, que ya venía infectando el aparato estatal, se propalara con mayor descaro.
Por: Mariela Zuni M.
Solo en Arequipa la Contraloría General de la República detectó a través de un control concurrente que 120 servidores públicos que ganaban más de 3 mil soles habrían recibido canastas de víveres destinados a la población vulnerable de escasos recursos durante la pandemia.
Este aprovechamiento indebido es una de las marcas que dejó la pandemia del coronavirus no solo en dicha región, sino en el resto del país, situación que está bajo la lupa de la Contraloría y el Ministerio Público.
La compra y entrega de las canastas de alimentos fue el inicio de un rosario de presuntos malos manejos, que después de salir a la luz están siendo investigados con la finalidad de hallar a los directos responsables administrativos y penales.
Para la Contraloría, el intervenir durante la pandemia fue un tema de necesidad muy urgente, debido a que en una situación de emergencia y pandemia como esta, los problemas de corrupción y de inconducta funcional se elevan exponencialmente por el crecimiento gigantesco de los riesgos con los que se tiene que operar, afirmó el titular de la entidad Nelson Shack Yalta.
“A los típicos problemas para el eficiente control interno, como marcos regulatorios incompletos o falta de capacitación, que termina afectando a los ejecutores llevándolos a temas de corrupción o inconducta funcional, más allá de eso en la crisis se suma la enorme cantidad de recursos que se tiene que ejecutar rápidamente y la flexibilización de todos los procesos de control”, aseveró.
El Estado desplegó un plan con medidas económicas y fiscales de más de 100 mil millones de soles en los más de cinco meses que ha transcurrido la pandemia, elevada cantidad de recursos si se compara a toda la ejecución del Presupuesto de la República a nivel de gobierno Nacional, Regional y Local del año pasado, que fue de 161 mil millones de soles.
El contralor recalca que solo la tercera parte de esos más de 100 mil millones de soles se canaliza por el presupuesto y la otra parte a través de los gobiernos regionales y locales. Por ello la necesidad del control gubernamental, aunque esa labor también se complicó por la inmovilización.
PANORAMA
La estrategia de vigilancia de la emergencia permitió realizar 9 mil 824 acciones de control a nivel nacional. El nuevo modelo de control gubernamental concurrente, permitió hacer un seguimiento simultáneo, comunicar las cuestiones adversas en el marco de un acompañamiento para que sean corregidos y no escalen a mayores y graves irregularidades de responsabilidad civil o penal.
“Tenemos que prevenir. Sobre la base de esas informaciones es el control posterior, eso determinará si los actores hicieron algo para reducirlos”, recalcó Shack Yalta.
Las compras en la Policía, problemas en las pruebas moleculares, compra de insumos y entrega de canastas familiares, entre otros, son solo algunas de las acciones de control que ha realizado la Contraloría, sin embargo, este proceso no revela la identidad de la persona o funcionario responsable, únicamente la entidad donde ocurrió, entra aquí la labor de las instituciones y del Ministerio Público a fin de hallar responsabilidades administrativas o penales, respectivamente.
La corrupción y la inconducta funcional son males que el país padece antes de la pandemia, solo en 2019 el cálculo de las pérdidas fue más de 23 mil millones de soles, con mayor incidencia en los sectores de Transportes y Comunicaciones (25%), Salud (16.2%) y Educación (15.6%). Nuestra región registra un perjuicio económico de 966 millones de soles.
En 2018, unos 20 departamentos y la provincia constitucional del Callao incrementaron su número de casos en trámite. Arequipa reportó 1671 casos variando en un dígito a los 1670 casos del año 2016, según el mapa de la corrupción elaborado por la Defensoría del Pueblo.
INVESTIGACIONES EN CURSO
La Contraloría a través del portal de transparencia captó la información de los beneficiados de las canastas de víveres que se entregaron en el primer mes de la pandemia, tras cruzar información se determinó que 2600 funcionarios que ganan más de 3 mil soles mensuales fueron beneficiarios indebidamente, en nuestra región se identificó a 120 servidores públicos con sueldos entre los 3 mil a 5 mil soles que recibieron los alimentos.
Por las canastas el Ministerio Público inició varias investigaciones, entre estas a la Municipalidad Provincial de Caylloma, por el presunto delito contra la salud pública en agravio de la población por el hallazgo de conservas de atún presuntamente adulteradas en las canas. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay tomó conocimiento del hecho por la Contraloría.
Las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios de Arequipa tras la advertencia del órgano de control de la existencia de 21 casos en que receptores del bono Yo me quedo en casa accedieron también a las canastas de víveres, abrió investigación a la comuna de Cerro Colorado.
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin Tomy López, informó que de enero a agosto los cuatro despachos de Fiscalías Anticorrupción recibieron 57 denuncias. Son por diversos presuntos delitos: colusión, negociación incompatible, peculado de uso, usurpación de funciones e irregularidades en obras.
Las denuncias fueron en contra del Gobierno Regional de Arequipa, municipalidades provinciales y distritales, la Gerencia Regional de Salud, los directores de los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche, Centro de Aislamiento de Cerro Juli, entre otros.
En el estado de emergencia también los ciudadanos fueron sancionados por corromper a un servidor público. El magistrado de investigación preparatoria de la Corte de Justicia de Arequipa, José Málaga Pérez, sentenció a tres años y cuatro meses de pena suspendida a Eusebio H. C. por cohecho activo al haber entregado 20 soles a un policía de tránsito.
DATO
La corrupción es el mal uso del poder público en procura de obtener una ventaja o beneficio indebido para quien actúa, o para terceros, que genera restricciones para el ejercicio de los derechos fundamentales.
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