La Procuraduría Regional se ahoga por sobrecarga de expedientes

A diario, órgano encargado de defender legalmente los intereses del Gobierno Regional de Arequipa recibe 120 demandas. A la fecha tiene acumulados 5650 expedientes relacionados a procesos contenciosos, administrativos, civiles, laborales y otros, además de 1000 denuncias y 23 arbitrajes. Para resolver la carga solo cuentan con 10 abogados, cada uno lleva a cuestas alrededor de 500 casos. Esa realidad genera que el 40% de casos se pierda.  

 

La Procuraduría Regional, el órgano encargado de defender los intereses del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), se ahoga por la sobrecarga de expedientes que mantiene en trámite. 

A diario, a este despacho donde laboran solo 10 abogados, ingresan en promedio 120 demandas de trabajadores y diversos sectores vinculados directa o indirectamente al GRA. 

A la fecha, la carga laboral llega a los 5650 expedientes, 1000 denuncias y 23 arbitrajes. 

En el primer rubro, gran parte de los casos están relacionados a procesos contenciosos administrativos, civiles, laborales y constitucionales. La mayor carga es representada por demandas interpuestas por empleados o jubilados de los sectores Educación, Salud, Agricultura y Trabajo contra el GRA. El primero, por ejemplo, reclama el pago de derechos relacionados al pago por concepto del 30% por preparación de clases.  

Las denuncias en cambio tienen otra connotación. Generalmente son demandas interpuestas desde el GRA contra empleados o exempleados o entidades relacionadas a la Región por apropiación ilícita o perjuicios contra la institución. Mientras que los arbitrajes apuntan a procesos entre la Región y empresas privadas. El último a puertas de comenzar, sería por el caso de la construcción inconclusa del Tramo III de la Variante de Uchumayo. La empresa ejecutora de la obra, ICCGSA, ha advertido el inicio de acciones legales. Sin embargo, la defensa de la Región será asumida por un estudio de la capital. La gobernadora regional, Yamila Osorio, en su momento mostró su desconfianza a la labor de la Procuraduría. El Ejecutivo, y su ente defensor no mantienen a la fecha las mejores relaciones.

 

SOBRECARGA

La procuradora adjunta, Amparo Begazo, admite que trabajan al límite. Cada abogado lleva a cuestas un promedio de 500 expedientes, cuyo seguimiento se ha tornado casi inmanejable. 

En ese sentido, hasta el año pasado, el ente solicitó al Ejecutivo Regional una especie de “salvataje” que consistía en la contratación de tres abogados más que ayudaran a aplacar la excesiva sobrecarga. 

Begazo es directa y señala que nunca recibieron una respuesta, por lo que han decidido no insistir más este año y “trabajar con lo que se tiene”. «Se perderá lo que se tenga que perder», señala. 

En torno a la queja del Ejecutivo regional, que acusa a este despacho de tener un desempeño deficiente con varios juicios perdidos a cuestas y otros dejados a la deriva, lo que representó un gran perjuicio contra el GRA, Begazo emplazó a la gobernadora regional, Yamila Osorio, y el vicegobernador, Víctor Cadenas, a hablar con cifras. “Sería bueno que digan cuántos procesos hemos perdido. Hablar es fácil”, arremete.

Sin embargo, la realidad tampoco le sonríe del todo a la Procuraduría. Begazo admite que del 100% de casos que llevan desde el 2003, año en que se creó esta dependencia, han reportado 50 mil procesos. El 60% ha concluido con resultados a favor del GRA y el 40% en contra. 

Admite que hay procesos “perdidos de ante mano” como los relacionados a las reposiciones. Estos involucran a extrabajadores que fueron cesados y que reclaman su retorno al GRA aduciendo “estabilidad laboral” al haber cumplido más de un año con vínculo laboral en la institución. En la mayoría de casos, los empleados acreditan el tiempo laboral y ganan los procesos. 

En la gestión de Osorio se emprendieron 200 procesos de este tipo, 160 ya han concluido y todos han sido en contra del GRA. Quedan pendientes de resolver 40, empero Begazo advierte que de seguro estos tendrán el mismo final que los anteriores. 

 

DATO

En marzo próximo el procurador regional, Jesús Vilca Iquiapaza, cesará en el cargo al cumplir 70 años. El vicegobernador regional, en un acto que evidencia la tensión entre el Ejecutivo y Procuraduría, ha señalado que apenas se cumpla el plazo «debe irse a su casa». 

Begazo por su parte, ha pedido que este puesto sea cubierto por concurso. En todo caso, pide que no sea la gestión de Osorio la que designe al nuevo Procurador. «Que se haga en la siguiente gestión», recomienda. Hay temor de que la designación tenga tintes políticos. La idea es «no politizar» este despacho, aclara.