Más de 30 arbitrajes contra GRA emprendieron empresas

La Procuraduría del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) lleva a cuestas más de 30 laudos arbitrales interpuestos por consorcios y empresas privadas contra la Región. 

A diciembre de 2014, es decir hasta que finalizó el período gubernamental del expresidente regional, Juan Manuel Guillén, el GRA arrastraba 10 procesos de arbitraje, algunos incluso interpuestos durante el primer período de la autoridad regional en mención.

Sin embargo, la cifra se disparó desde el 2015, año en que empezó la gestión de la actual gobernadora Yamila Osorio, a tal punto que la Procuraduría, solo de esta gestión, tiene registrado 23 arbitrajes, de acuerdo a información del portal web del GRA.

El 100% de procesos están relacionados a obras por contrata que emprendió la Región. Son dos las principales motivaciones de los arbitrajes, incumplimiento en los plazos de ejecución y valorizaciones, es decir que la Región – según las demandantes- no habría cumplido con entregar las partidas presupuestales según el cronograma del proyecto. 

La procuradora adjunta de esta entidad, Amparo Begazo, aunque fue cauta en sus declaraciones, señala que los arbitrajes tienen como punto de partida proyectos “mal elaborados” o cuyos expedientes y contratos no son los más adecuados. 

LA JOYA CON 10 ARBITRAJES

Un ejemplo claro se evidencia en el proyecto de la planta de tratamiento de agua potable para el distrito de La Joya, cuya empresa ejecutora, Consorcio Saneamiento La Joya (Copisa, Corrales y Eicom) ha interpuesto 10 arbitrajes contra el Gobierno Regional por concepto de gastos generales. 

La obra nació mal. La buena pro fue concedida a fines de 2014 (gestión de Guillén) y debió ser entregada los últimos días de 2015 (gestión Yamila Osorio), sin embargo, se encuentra paralizada. 

Sucede que la obra inició sin que el GRA entregara los terrenos saneados al consorcio ejecutor. Para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable se requería el permiso de la Concesionaria Vial del Sur (Covisur), debido a que las tuberías que llevarían el agua a las poblaciones de La Joya Antigua, La Cano, El Cruce, El Chaparral, San Camilo y San Isidro debían atravesar parte de la Panamericana Sur. Ello no se hizo. Por eso cuando el proyecto se encontraba al 95% de avance, este paralizó. 

La empresa al momento no ha concluido el proyecto debido a que el GRA no consigue el permiso de Covisur. Recién hace algunos meses obtuvo el permiso de la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) para el uso del recurso del canal madre de La Joya. En tanto no logre la autorización, el Consorcio no podrá concluir la obra, por lo que esta ha decidido demandar al GRA. 

ICCGSA 

No obstante, en los próximos días se podría sumar un arbitraje más contra la Región. 

Y es que, todo indica que la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA), entidad que ejecutaba el tramo III de la Variante de Uchumayo, ha planteado un laudo en el centro de arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El 13 de febrero pasado se vencía el plazo para que la empresa presente su demanda. Al momento, la Procuraduría no ha recibido la notificación respectiva, pero esta podría demorar en llegar hasta 20 días, de acuerdo a Begazo.

Como se recuerda, a fines de diciembre del año pasado el GRA resolvió el contrato con la empresa debido a que el residente de obra había abandonado el proyecto. La empresa además presentó problemas económicos desde octubre y dejó de pagar a trabajadores y proveedores.