Miles no podrían trabajar para el Estado en Arequipa

Hay más de mil casos ventilados en las Fiscalías especializadas y Procuraduría Anticorrupción en los que se podría aplicar la ley aprobada para combatir la corrupción. La mayoría de ellos está en etapa de investigación, todavía no hay juicios.

 

Por: Rossmery Puente de la Vega

 

Hasta ahora lo común es que los sentenciados por corrupción no pisen la cárcel. Son sancionados con penas suspendidas. Adicionalmente, al poco tiempo reaparecen trabajando en los gobiernos regionales o municipalidades, u otras entidades públicas.

El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, ha aprobado una medida para comenzar a cambiar esta escena. El Ejecutivo aprobó la muerte civil por delitos de corrupción. Fue el primer decreto legislativo en el marco de las facultades delegadas por el Congreso.

Ayer la norma fue promulgada por el mandatario que regirá para todos los trabajadores públicos que cometan delitos de corrupción. El Decreto Legislativo N° 1243 fue publicado en el diario oficial El Peruano y lleva las firmas del presidente PPK, el primer ministro Fernando Zavala y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad (Marisol) Pérez Tello.

Ahora los delitos de corrupción como peculado, malversación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros, tendrán una pena de inhabilitación principal que mantendrá como base los seis meses pero se podrá extender hasta veinte años. Por ese tiempo adicional a la pena que determine el juez, no podrán trabajar en la administración pública.

La inhabilitación será perpetua cuando el agente actúe como «integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella».  O cuando se haya atentado «contra programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las quince unidades impositivas tributarias (UIT)». Es decir, el perjuicio económico debe ser por 59 mil 250 soles.

Asimismo, la norma crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados, a cargo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir). Dispone como obligación que todas las entidades públicas que vayan a incorporar a un servidor tienen que consultar obligatoriamente el registro. Caso contrario asumen la responsabilidad. En 60 días el Poder Ejecutivo reglamentará el registro.

 

Los sentenciados serán declarados “rehabilitados” cuando se verifique que no cuenta con antecedentes penales por delitos cometidos durante la ejecución de la pena de inhabilitación, que no tenga proceso pendiente a nivel nacional y que no se encuentre registrado en el Registro Nacional de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci)”.

 

MÁS DE MIL CASOS

En Arequipa varios podrían resultar afectados por la muerte civil. En la Procuraduría Anticorrupción se ventilan mil 730 casos de corrupción, solo de este año suman 296. En cada caso están implicados de uno a varias personas.

El 40% de casos son investigados por peculado, el 20% cohecho y otro porcentaje similar por negociación incompatible. En la mayoría de casos las penas impuestas son suspendidas. Según el Código Procesal Penal el peculado se sanciona con sanción no menor a 4 ni mayor a 8 años de prisión. En cohecho no menor a cuatro y negociación no menor a cuatro ni más de seis años.

En las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios hasta setiembre se ventilaban mil 31 casos por corrupción en la región Arequipa.

El 70% de los procesos son seguidos en contra de autoridades y exfuncionarios del Gobierno Regional de Arequipa y de las respectivas municipalidades (distritales y provinciales), en menor número contra policías y el resto de otras instituciones públicas y temas particulares, informó el mes pasado a este medio el coordinar de las fiscalías especializadas, fiscal Arturo Valencia Paiva.

De todos los casos ingresados, 515 se encuentran en trámite, 71 en investigación preparatoria, mientras que 15 en etapa intermedia, 8 ya están en juzgamiento, 70 en calificación, 96 derivados a otros despachos, y el resto en etapa preliminar. Se tienen 356 procesos concluidos (archivados y sentenciados) y 118 sin concluir, que están todavía pendientes en segunda instancia. La mayoría de casos por negociación incompatible, le siguen por peculado, cohecho y colusión en menor número.

El decano del Colegio de Abogados de Arequipa, José Suárez Zanabria, consideró conveniente que aquellos que cometieron delitos no vuelvan a laborar en el sector público, o por lo menos en un tiempo razonable, como lo establece la ley de la muerte civil. Opinó que el objetivo es disuadir a no cometer estos delitos, pero no es la solución. Falta construir institucionalidad y educación. El ingreso al sector público debe ser por meritocracia, evaluación de condiciones éticas, valores.

El  presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Johnny Cáceres, sostuvo que la norma debe aún evaluarse para que no sea declarada inconstitucional. Dijo que debe existir una consulta a organismos internacionales, además que debe sensibilizar a los gobiernos locales. “Es firme y drástica, pero debe evaluarse y analizarse una vez más”, declaró.

 

DATO

Entre enero y setiembre de 2016 los diferentes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial han impuesto un total de 1367 condenas por delitos contra la administración pública, la mayoría de ellas contra funcionarios del Estado. Los delitos más frecuentes el peculado, cohecho y colusión. En Arequipa 33.