Muertes por Tía María en riesgo de quedar impunes

En las protestas en el valle de Tambo en contra del proyecto minero Tía María, que se suscitó en el 2015, cuatro personas fallecieron producto de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los agricultores. Uno de ellos fue un policía, mientras que los otros civiles. Aún no hay responsables de las muertes.

En el primer caso, hace un mes el fiscal solicitó el sobreseimiento ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA). El brigadier PNP Henry Alberto Vásquez Durand falleció el 6 de mayo de 2015, tras ser agredido con palos, piedras y cadenas por un grupo de protestantes. También fueron agredidos los policías Víctor Gordillo Villarroel, Carlos Carbajal Bustos y Marco Castro Pancorbo.

El fiscal Eufracio Ticona, a cargo de las indagaciones, no logró hallar suficientes elementos de convicción para acusar a los siete principales sospechosos por el homicidio. El juez de Investigación Preparatoria (IP), Jaime Coaguila Valdivia, programará para octubre la audiencia para evaluar este pedido de archivamiento.

Mientras que similar suerte podrían correr las investigaciones por las muertes de los civiles Victoriano Huayna Nina (61), Henry Checlla Chura (35) y Ramón Colque Vilca (55), quienes fallecieron tras recibir impactos de bala. Fueron investigados más de 70 policías.

El abogado de las tres familias deudas, Héctor Herrera Herrera,  indicó que las indagaciones que se realizan tanto en la Policía como en la Fiscalía no tienen mayores avances, y en su opinión no confía en que se pueda identificar a los agentes que cometieron los delitos.

 “Desgraciadamente los policías están investigando a policías, yo no espero nada positivo de parte de eso (…), exigí hasta el último momento que se haga una prueba de absorción atómica, pero tanto los policías como los fiscales no permitieron que se haga y todos los (efectivos) que participaron ahí (en los enfrentamientos) se fueron a su lugar de origen. Y después cómo los iban a traer y pasaron semanas y la prueba de absorción atómica ya no tiene sentido”, dijo. El letrado estimó que las indagaciones fiscales culminen en un mes y podrían quedar impunes.

Por otro lado, la  presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Miriam Herrera Velarde, sostuvo que la labor del fiscal es acopiar las pruebas suficientes para poder acreditar una acusación ante el juez y al carecer de los mismos, es que se solicita el archivamiento. En el caso de las protestas, la situación es más complicada por la calidad de pruebas. 

“Recuerda cómo sucedieron los hechos, es muy difícil en los hechos tumultuarios poder nosotros acopiar prueba idónea y suficiente, pero no vamos a cejar en nuestro intento y camino de lograr el esclarecimiento de lo que sea posible. La barrera probatoria que se tiene que sortear en el Poder Judicial es elevada”, apuntó.