Pacto Ético insta combatir «con rigor» irrupción de crimen organizado en política

 

A través de una declaración, luego del proceso electoral, hizo un llamado para que estas acciones sean ponderados con responsabilidad por la sociedad peruana y sus autoridades, «con el fin de evitar que tales situaciones, por demás irregulares, se repitan el futuro».

 

«Es necesario combatir con absoluto rigor la irrupción agresiva del crimen organizado y la corrupción que busca desvirtuar la voluntad de los electores. La violencia física, que ha llegado al asesinato, las agresiones materiales y morales, las prebendas y regalos, la mentira y la falta de planes e ideas han constituido, por desgracia, conductas frecuentes para así falsear un proceso democrático», indican.

 

En ese sentido, solicitaron a las autoridades policiales y judiciales «para que identifiquen a los autoridades de los hechosocurridos con posterioridad a la votación«, como la quema de actas, toma de locales electorales y su destrucción; «actos que constituyen delitos contra la voluntad popular».

 

De otro lado, consideró «indispensable» que se exijatransparencia en la declaración del patrimonio(ingresos, bienes y rentas) de los candidatos y que, además, «se ventile públicamente el origen y destino de los recursos empleados en sus campañas».

 

«Todo ello debe ser respaldado por una efectiva sanción a quienes no brinden la información requerida. Sanción que, obviamente, deberá comprender a las agrupaciones políticas, y la inhabilitación de los postulantes para participar en futuras elecciones», añaden.

 

Los integrantes del Tribunal de Honor, señalan que quienes han de cumplir una función pública de gobierno y liderazgo «deberán exhibir una vida honesta y no haber recibido graves sanciones penales». 

 

«Por ello  y –en vista del avance del crimen y la corrupción –proponemos la prohibición de postular en procesos electorales a aquellas personas que hubieren sido condenadas por delitos contra la administración pública«, precisan.

 

Asimismo, efectúan «una rotunda exhortación» a las autoridades, para que se realicen las modificaciones legales necesarias «que aseguren transparencia y honestidad», tanto en los momentos que los ciudadanos deben elegir autoridades, como en el ejercicio de la función pública de los elegidos.