Pena de muerte a violadores de menores vuelve a debate

Una niña de 11 años fue violada y quemada en Lima. El caso desató indignación debate y activó el pedido de pena de muerte para violadores de menores. El principal sospechoso de este crimen fue atrapado en Ica este domingo y llevado a Lima para su juzgamiento.

Jorge Vellaneda, padre de la niña de 11 años asesinada tras acudir a un taller en una comisaría de San Juan de Lurigancho, pidió que se aplique la pena de muerte a aquellas personas que «dejan de ser humanos».

«Me han informado que fue detenido en Ica. Yo pediría pena de muerte para los que dejan de ser humanos. Si matamos al pollo, al chancho que son animales, este dejó de ser humano, (pido) una pena de muerte así de simple», dijo tras enterarse de la detención del principal sospechoso de la muerte de su hija.

El expresidente Alan García se sumó al pedido, pero días después del hallazgo del cuerpo de la menor. 

«Mientras los ‘políticos’ solo hablan de sus vacancias, indultos y peleas, continúa la violación sistemática de muchos miles de niñas y niños en el país. ¿Eso no interesa?», escribió Alan García en Twitter. 

Alan García no dejó el tema ahí y publicó una tabla estadística donde figura el nivel de violencia de la que son víctima los más pequeños.  «Es la barbarie. En 8 años, según el SIS, 11 800 niñas violadas (de 8 a 12 años) fueron madres. Se calcula que otras 50 000 fueron ultrajadas y muchas asesinadas. ¿No hay pena de muerte para esos criminales?», escribió Alan García. 

PROYECTOS DE LEY

En este período se presentaron dos proyectos de ley. El primero corresponde al congresista Modesto Figueroa, de la bancada de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley que plantea la pena de muerte para violadores de niños menores de siete años.

La iniciativa legislativa fue suscrita por sus colegas fujimoristas Daniel Salaverry, Clayton Galván, Úrsula Letona, Luis Yika, Joaquín Dipas y Betty Ananculi.

Los legisladores de Fuerza Popular plantean modificar el artículo 140 de la Constitución Política, que establece que la pena de muerte solo puede aplicarse en el delito de traición a la Patria, conforme a las leyes y tratados de los que Perú es parte.

Actualmente este proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Constitución. Todavía no se inició su debate.

El anterior fue presentado el año pasado por la también legisladora fujimorista Karla Schaefer. También se encuentra en la Comisión de Constitución. Todavía no se discute desde el 7 de noviembre del 2017.

En la legislatura anterior, del 2006 al 2011, se presentaron, según la página web del Congreso, cinco proyectos de ley que tampoco se discutieron.

Mientras que en el período del 2011 al 2016 se presentaron dos iniciativas legislativas que solo llegaron a comisión. No se discutieron. En total nueve propuestas legislativas para sancionar con la máxima pena este tipo de delitos se presentaron en el Parlamento, pero ninguna salió de comisión.

VOCES EN CONTRA

Uno de los principales argumentos para no aplicar la pena de muerte en el Perú es que el país está adscrito al pacto de San José que impide que los Estados extiendan la pena de muerte para delitos que no estuvieran contemplados con anterioridad en sus territorios.

Según el portal web Legis.pe la pena de muerte no solucionaría el problema. Esta página pone como ejemplo Estados Unidos. Señala que es uno de los países en donde aún se permite la pena de muerte, pero continúa siendo uno de los países con mayor delincuencia en el mundo y, por supuesto, con mayor número de reclusos en el mundo. Su número de presos por cada cien mil habitantes es de 716 y teniendo un total de 2,29 millones de encarcelados representa casi el 10 por ciento de la población reclusa mundial, situada en 22,96 millones, según el Centro Internacional para Estudios de Prisiones. Eso, cuando los habitantes de Estados Unidos representan el 4,5 de los de todo el planeta. La cantidad de reclusos en el país ha aumentado un 75% en los últimos 30 años, mientras que su población total ha crecido un 28% en el mismo período.

CHILE TAMBIÉN

Un grupo de parlamentarios ultraconservadores pidió al presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, someter a votación la restitución de la pena de muerte, a raíz del asesinato de una niña de 1 año y 11 meses en el sur del país.

Cinco legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) enviaron una carta a Piñera en la que aseguraron que «la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos».

El país se estremeció esta semana al conocer la muerte de una niña a la que su padre golpeó, violó y asfixió en la ciudad de Puerto Montt.

Dicha situación reabrió el debate en el país respecto de la pena de muerte, que fue derogada en 2001, durante el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar (2000-2006).

En su mandato, Lagos Escobar reemplazó la pena capital con la de presidio perpetuo calificado, que consiste en que el condenado no puede optar a la libertad condicional hasta que hayan transcurrido 40 años de privación de libertad efectiva.

El senador derechista Iván Moreira se mostró este domingo de acuerdo con la iniciativa presentada por sus compañeros de bancada, y declaró ser desde siempre un partidario de la pena de muerte.

Moreira dijo a los periodistas que la pena capital «no está abolida en Chile, porque la contempla el Código Militar», por lo tanto es merecida «para el que traiciona al país en una serie de circunstancias; al que mata, al que viola».

No obstante, recalcó lo difícil que sería restituir esta medida, debido a que es necesario primero reformar la Constitución y renunciar a varios tratados internacionales.

CAPTURAN A SOSPECHOSO

César Alva Mendoza, presunto asesino de la menor de 11 años M.G.V.R, que fue hallada calcinada en San Juan de Lurigancho, fue capturado en Ica y estuvo por algunas horas en la comisaría de La Tinguiña. Desde el sábado, las autoridades lo buscaban intensamente tras ser identificado en las cámaras de seguridad de San Juan de Lurigancho llevando a la niña desaparecida en una bicicleta. Luego fue trasladado en una avioneta a Lima.

Según informó Latina, Alva Mendoza tendría denuncias por violación sexual a menores de edad, robo, entre otras.

Decenas de vecinos de La Tinguiña, en Ica, lanzaron piedras y palos al presunto asesino cuando era retirado de la comisaría. La Policía tuvo que hacer disparos al aire para evitar que la población linchara al sujeto de 37 años. 

Una representante de la Defensoría del Pueblo intentó explicarles que las autoridades deben “cumplir con la norma de detención preliminar”. Sin embargo, los vecinos pedían que Alva Mendoza fuera sometido a la “justicia popular”.