Piden cárcel y S/ 95 millones de reparación civil para Guillén y 6 exfuncionarios

Ayer comenzó el juicio donde está involucrado junto a otros exfuncionarios. El proceso es considerado el más complicado que afronta  por delitos de corrupción. Guillén asegura que no hay pruebas para castigarlo.

Los delitos atribuidos son negociación incompatible y malversación de fondos. El primer caso porque crearon un sistema paralelo de contrataciones. Firmaron 74 contratos, sin realizar un proceso de selección conforme a la ley. La fiscalía sostiene que el perjuicio que generaron fue de 36 millones de soles.

La fiscalía pide tres años y ocho meses de cárcel, para Guillén Benavides porque permitió que funcione el sistema paralelo de contrataciones, y no asumió medidas pese a conocer que era ilegal. 

Guillén ya no se defendió culpando al exgerente general, Jorge Luis Aguilar. Sostuvo que ninguno de los involucrados en el juicio obtuvo algún beneficio económico con el sistema paralelo.

En juicio, Aguilar aceptó: “Por supuesto diseñé este sistema desde el 2012, para que el Estado no trunque los contratos, tenga respuestas inmediatas”. “No lo diseñé para mí, lo hice para la ciudad”, dijo. 

Alegó que su ideología es “tridimensionalismo”, porque le da el valor a la palabra. Dijo querer debatir con la fiscal sobre el caso, en la Plaza de Armas. Para Aguilar, la fiscalía pide  cinco años y 4 meses de cárcel y la inhabilitación por cinco años.

La defensa de Sara Peña, sostuvo no benefició a terceros, por sus funciones no podría participar de los procesos de selección. Pidió ser absuelta. Para la Fiscalía, Peña determinó las especificaciones técnicas, participó en la selección directa, solicitó autorizaciones. Fiscalía pide cinco años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

Para Juan Velille Torres, exjefe de Administración, y Rossana Morays Velásquez por firmar contratos sin proceso de selección, piden cinco años de prisión. La defensa de Morays alegó fue obligada a firmar.

Por el delito de malversación de fondos, están involucrados Guillén, Miguel Ocharán, Eliana Vargas y  Víctor Hugo Quispe Rodríguez. Para todos piden 3 años de prisión. Los acusan por no transferir el canon minero a la Unsa, entre 2008 al 2011.

La Procuraduría solicita 95 millones de soles de reparación civil, por ambos delitos de corrupción. La jueza del Juzgado Unipersonal de Paucarpata, Rossmery Quiroz, fijo la siguiente audiencia para el 25 de octubre.