Piden prisión para Guillén y 7 ex funcionarios del Gobierno Regional

En un nuevo proceso, la Fiscalía Anticorrupción solicitó tres años y ocho meses de prisión para el expresidente del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Juan Manuel Guillén Benavides, por los presuntos delitos de negociación incompatible y malversación de fondos. También acusó a otros siete exfuncionarios.

Por el primer delito se le acusa como cómplice por permitir en su gestión, durante el 2012 al 2014, que el GRA realice 73 contrataciones directas sin proceso de selección, pese a que los montos de los servicios y bienes adquiridos, sobrepasaban la tasa límite de tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

 

 

En este proceso, están acusados como autores: el exgerente general Jorge Luis Aguilar Gallegos (piden 5 años y 4 meses de prisión); la ex jefa de la Unidad Funcional de Apoyo de Proyectos, Sarah Peña Dávila; y los ex jefes de la Oficina de Administración en el 2012 y 2013 respectivamente, Rossana Morays Velásquez y Juan Velille Torres. Para los tres últimos se pide cinco años de pena y la inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo plazo para todos.

Según la  acusación realizada por el fiscal supranacional, Hamilton Castro, el monto total de estas adquisiciones directas ascienden a S/ 38 millones 298 mil 985. Fueron adquiridos para obras como el puente Chilina (30 contratos), mantenimiento y encausamiento de los ríos Chili y Colca (12), variante de Uchumayo (16), puesta en valor de la casa museo Mario Vargas Llosa (1 contrato), entre otros.

 

MALVERSACIÓN: UNSA

Por el delito de malversación de fondos, la fiscalía postuló que el GRA no transfirió, entre el 2007 a 2011, el monto completo del 20%  del canon minero que le correspondía a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Unsa) como manda la ley, provocando que no se realicen algunos proyectos de investigación. 

Postulan que si bien se efectuaron transferencias estas no se ajustan al monto exacto, además que parte del dinero no otorgado a la casa de estudios fue destinado a otros proyectos.

Además de Guillén Benavides, también se acusa por presunta malversación  a sus exfuncionarios: Miguel Ocharán Pichu, Eliana Vargas Paz y Víctor Hugo Quispe Rodríguez. Para los tres se pide una pena de tres años de prisión e inhabilitación.

 

DEFENSA

Al respecto, el abogado de Guillén y de algunos de los imputados, Gonzalo Bellido, sostuvo que la acusación de la fiscalía no tiene sustento en ambos casos.

Argumentó que respecto al caso de las contrataciones directas no existe un documento donde el expresidente regional haya ordenado que se realicen dichas adquisiciones. “No cabe la complicidad y no existe la imputación suficiente, la fiscalía no presenta una prueba que acredite que haya autorizado”.

Mientras que respecto a malversación de fondos, apuntó que para que se configure dicho delito, según la jurisprudencia, debe acreditarse que el dinero quitado haya generado un perjuicio. “No son proyectos son ideas, porque para ser proyectos deben estar colgados y contar con SNIP, además de eso la universidad siempre contó con dinero y nunca lo utilizó. El hecho de que no haya transferido constituye una responsabilidad administrativa de quien debía hacerlo, pero no penal. Además de eso el caso prescribió por el paso de los años”, dijo.

 

DATO

Hoy desde las 08:00 horas se realizará la audiencia de control de acusación de dicho proceso, ante el juez de Investigación Preparatoria de Paucarpata, Manfred Vera.