Solicitan ocho años de pena para dos exrectores de la Unsa

Se les imputa el delito de peculado doloso por apropiarse de dinero de la casa de estudios para destinarlo al club deportivo Atlético Universidad entre 2003 y 2005.

También se solicitó tres años de inhabilitación para ejercer cargo público y una reparación civil de forma solidaria, de 800 mil soles a favor del Estado debido al perjuicio causado y al daño a la imagen de la casa agustina.

El fiscal del caso detalló que durante dichos años, el entonces rector Cornejo Cuervo ordenó dos desembolsos de S/ 479 mil 220 y S/ 183 mil, que fueron fondos directamente recaudados por la universidad, para que se invierta en el club deportivo, que considera es una entidad privada. Valdemar Medina recibió y otorgó la suma de dinero al equipo de fútbol. Como autoridades no podrían destinar dinero público al club privado.

 

 

No obstante, la defensa de los imputados indicó que el Atlético Universidad no es una entidad privada, sino que fue creada en 1996, con todas las de la ley, por el entonces rector Juan Manuel Guillén Benavides. Además, sostuvieron que las transferencias al club fueron aprobadas por el Consejo Universitario y ellos solamente obedecieron los acuerdos.

También presentaron el recurso de casación 244-2013 de la Corte Suprema de Justicia que establece en un anterior proceso similar en contra de Cornejo Cuervo, la revocatoria de la sentencia por haber prescrito. 

“En mi caso tengo un proceso abierto, mi participación fue parte del 2003 y 2004, cuando era decano de Ciencias Biológicas, hay una casación hecha por la Corte Suprema donde por un proceso similar, se le declaró absuelto al doctor Ronaldo Cornejo”, dijo por su parte Valdemar Medina amparado en que también este caso prescriba.

Ayer se inició el  juicio de este caso en el Segundo Juzgado Unipersonal dirigido por el magistrado Juan Carlos Quispe Churata. Hoy desde las 08:00 continúa el proceso.

En este mismo juicio se presentó otro caso en contra de seis catedráticos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias por el presunto delito de uso de documento privado falso. Según se explicó en el 2006, los docentes habrían justificado sus gastos de viáticos con boletas de consumo adulteradas.