Tensa relación entre procuradores regionales y vicegobernador Cadenas

La Procuraduría regional y el ejecutivo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) nuevamente se encuentran enfrentados. 

La primera, tiene la función de ejercer la defensa legal del GRA.

La procuradora adjunta, Amparo Begazo de Dávila, acusó al vicegobernador regional, Víctor Raúl Cadenas, de “persecución”. Señaló que emprendió 15 denuncias contra ella y miembros de la Procuraduría por inconducta funcional ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Diez acusaciones ya fueron archivadas.

Cadenas, por su parte, no niega las acusaciones interpuestas. Fue directo y acusó a Begazo y al procurador regional, Jesús Vilca Iquiapaza, de no cumplir a carta cabal sus funciones. “(La persecución) Esa es una falsa imagen. Lo que pasa es que los que se consideran víctimas son los que no cumplen con su función”, arremetió. 

Es más, adelantó que en marzo, Iquiapaza “debe irse a su casa” al cumplir 70 años de edad. Refirió que su plaza será ocupada por concurso. 

En ese contexto, Cadenas insinuó que Begazo estaría “creando un ambiente artificial” de supuesto hostigamiento contra la Procuraduría «con objetivos no muy sanos”, refirió. Begazo aclaró que en efecto Vilca cesará, sin embargo, espera que el nuevo procurador no sea designado por esta gestión. Ella está dispuesta a postular al cargo.  

 

DESDE 2013

Esta no es la primera vez en la que hay fuego cruzado entre el ente de defensa del GRA y el ejecutivo regional. En marzo del 2016, la gobernadora regional Yamila Osorio ordenó el inicio de un proceso administrativo disciplinario contra Iquiapaza y Begazo de Dávila por una presunta “trasgresión al deber de responsabilidad e inconducta funcional”. No procedió por una medida cautelar a favor de ambos procuradores. 

Los problemas iniciaron en junio de 2015 tras el desalojo de 1500 invasores de la asociación Jardines del Colca (vía Arequipa-La Joya) ejecutado por ambos procuradores. Tras una protesta realizada por los ilegales, Osorio dispuso la investigación de ambos abogados. Cuestionó su trabajo. Tiempo después los invasores recuperaron su posesión.  

Empero los líos entre ambas instancias vienen desde atrás. En 2013, el expresidente Juan Manuel también ordenó el inicio de un proceso administrativo y pidió el cese de Vilca. Lo acusó de no haber defendido bien a la Región en el caso Oncoserv. El procurador se quedó en el cargo con una medida cautelar. 

 

INCONDUCTAS

Cuando Osorio asumió su gestión, derivó en Cadenas el monitoreo de la Procuraduría. En ese sentido, el funcionario señaló que solo cumple las labores asignadas. 

Aseguró que las denuncias contra la procuradora adjunta y el procurador tienen asidero. Detalló que no rindieron cuentas claras del presupuesto utilizado en los desalojos del 2016 y 2017. En el primer año, habrían gastado S/ 50 mil y en el segundo S/ 40 mil. 

El vicegobernador reveló que el informe presentado por Procuraduría se registraron pagos a policías. Sin embargo, cuando pidió un informe al General de la Policía en torno al pago hacia los agentes, este le dijo que estos «no cobraban».    

“Todo ha sido puesto de conocimiento de ORCI. Esa es mi función. Ahora si a eso (Begazo) considera que es una forma de crear problemas, está totalmente equivocada”, señaló. Begazo aclaró que los gastos hacia la PNP corresponden a refrigerio.

Además cuestionó la labor de los procuradores en los juicios emprendidos por trabajadores y diversos entes contra el GRA. “No se han apelado sentencias y han permitido que queden consentidas en contra de la Región”, reclamó. 

Cadenas incluso denunció que desde la Procuraduría instruyeron a 10 trabajadores de este ente a iniciar y ganar juicios por reposición contra el GRA. “Son trabajadores de la que han ingresado por (proyectos de) Inversión y  ha sido la misma Procuraduría que les ha dado las pruebas para que nos ganen los juicios. Entonces, en qué quedamos”, dijo visiblemente molesto. Begazo le recordó, que en el caso de reposiciones, Cadenas contrató un procurador Ad Hoc para llevar estos expedientes, que él mismo cesó. 

 

DATO

El vicegobernador recordó que Vilca tiene un juicio en marcha contra el GRA para que no se nombren más procuradores ad hoc. “La ley 1068 establece que se puede tener el número que se desee para cubrir las necesidades  de la institución (…) La intención es manejar solo con dos personas la Procuraduría”, reclamó.