Transfieren S/ 25 millones para pago de bono docente

Se destinarán S/25 millones para financiar el bono en el marco del convenio con Sutep.
El gobierno aprobó la transferencia de más de 25 millones de soles para financiar el pago de un bono extraordinario dirigido a docentes y auxiliares de educación en todo el país, como parte de los compromisos asumidos en el convenio colectivo 2025-2026 suscrito con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep).
Según informó el Ministerio de Economía y Finanzas, se destinarán exactamente 25 millones 86 mil 73 soles del presupuesto público del año fiscal 2026, con el objetivo de cumplir con este beneficio económico. La medida fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano, el cual establece que los recursos deben ser utilizados exclusivamente para este fin.
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El bono extraordinario asciende a 67 soles y será otorgado por única vez a un total de 374 mil 419 docentes y auxiliares, tanto nombrados como contratados, que se encuentran bajo los alcances de las leyes del magisterio. Este beneficio incluye a trabajadores de instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico productiva, así como a personal de institutos y escuelas administradas por los Ministerios de Defensa e Interior.
La norma también dispone que los responsables de los pliegos presupuestales, principalmente en los gobiernos regionales y en Lima Metropolitana, deben aprobar mediante resolución la distribución de los recursos en un plazo de cinco días calendario desde la entrada en vigencia del decreto. Esta medida busca asegurar una asignación oportuna y eficiente del dinero transferido.
El otorgamiento del bono responde a los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Educación y el Sutep, en el marco de la ley que regula la negociación colectiva en el sector público. Con ello, se busca reconocer el trabajo de los docentes y auxiliares, así como atender demandas del sector educativo.
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Las autoridades han reiterado que el uso de estos fondos será fiscalizado y que cualquier desvío de los recursos será sancionado conforme a la normativa vigente. De esta manera, se espera garantizar que el beneficio llegue de manera directa a los trabajadores de la educación en todo el territorio nacional.
Esta medida se da en un contexto en el que el sector educativo continúa siendo una prioridad para el Estado, especialmente en lo relacionado con la mejora de condiciones laborales y el fortalecimiento del servicio educativo en beneficio de los estudiantes.
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