Vuelven el lavado de bandera, esta vez contra Cerro Verde

Si las fuerzas del orden lo permiten, en este lugar se estarían congregando más de 150 personas para protestar por lo que denominan la “defraudación tributaria más grande de la historia del  Perú” y que habría sido protagonizada por la minera que tiene sus concesiones en Arequipa, que habría dejado de pagar 3 mil 500 millones de dólares, incluyendo multas e intereses compensatorios en el impuesto a la renta, canon minero y regalías mineras.   

    

 

Dante Martínez, integrante del llamado Frente Único de Defensa del Desarrollo Sostenible de Arequipa, señaló que la facultad de extensión de beneficios para reinvertir las utilidades generadas por las concesiones del proyecto de lixiviación, exoneradas del Impuesto a la Renta en el desarrollo de las nuevas concesiones del proyecto de sulfuros primarios, estaba prohibido en el contrato que tenía  vigente la empresa con el Estado.

Ellos han querido convalidar, dice, que el proyecto de sulfuros primarios no estaba considerado en el contrato de garantías de 1998, lo cual no es del todo cierto porque dicho contrato se encontraba resuelto o nulo desde octubre de 1999 y por lo que tampoco estaba blindado el proyecto de lixiviación. 

 

 

“Pero para salir beneficiados, ocultaron el contrato de privatización de 1994 que establecía que la inversión en la ampliación, mejoramiento y desarrollo de ambos proyectos, tenía que hacerse con emisión de acciones y créditos internacionales que trajeran capitales frescos del exterior o reinversión de utilidades sin exoneración del Impuesto a la Renta ni con ninguna reinversión”, añadió el dirigente.  

Asimismo dice que “eludieron deliberadamente acudir al Tribunal Arbitral de Ginebra – Suiza de acuerdo a las normas de las Naciones Unidas para que no les pidan el Contrato de Privatización que demostraría el fraude y la asociación ilícita para delinquir y donde hubiéramos tenido sentencia rápida y no jugar a la prescripción, además de falsear informes y requerimientos de información, ocultando la resolución o nulidad del Contrato de Garantías de 1998”, agrega.