2 mil 200 proveedores contrataron con Estado pese a estar impedidos

Especialistas de CAII 2023 concluyen que es crucial la lucha anticorrupción.

La Contraloría General informó que en Perú se pudo identificar a casi 2 mil 200 proveedores que pactaron contratos con el Estado por más de S/ 584 millones pese a estar impedidos de hacerlo por tener vínculos con altos funcionarios públicos.

Esta fue una de las conclusiones de la Conferencia Anual Internacional por la Integridad (CAII) 2023 denominada “Frenando la corrupción: Estrategias colaborativas de investigación y sistemas de sanción”, que culminó tras dos días y entre sus conclusiones se determinó que el uso de la inteligencia artificial (IA) es crucial para la lucha anticorrupción.

Durante la jornada académica, que se realizó el 27 y 28 de noviembre, en la que participaron más de 2 mil personas de manera presencial y más de 8 mil inscritos bajo modalidad virtual, se reafirmó que la corrupción es un fenómeno que no solo afecta a la gobernabilidad de los países, sino que también incide negativamente en la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones e incluso en derechos de las personas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los expertos de la CAII 2023 consideran que, en materia de estrategias colaborativas de investigación, el uso de la IA está revolucionando el control gubernamental a nivel mundial. Es así que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vienen adaptándose a estos cambios tecnológicos e innovadores para supervisar con eficacia y eficiencia los distintos programas gubernamentales.

En el caso de la Contraloría General, el uso de los avances tecnológicos como la Inteligencia Artificial, Big Data, Machine Learning y el Data Analytics, permite realizar auditorías de forma masiva. Como consecuencia de ello y en uso de aplicativos informáticos, el máximo ente del Sistema Nacional de Control identificó cerca de 2 mil 200 proveedores que contrataron con el Estado por más de S/ 584 millones pese a encontrarse impedidos de hacerlo por tener vínculos de consanguinidad y afinidad con altos funcionarios del Estado.

También se detectaron cerca de 700 personas que trabajan en el Estado pese a estar inhabilitados para ejercer la función pública.

También lee: Expertos se pronuncian contra proyecto que modifica las PASO