Alcalde Candia dice que solo participó en inauguración de cámaras de ASA

En audiencia donde se revisa la sentencia que lo absolvió del cargo de colusión agravada por la compra irregular de cámaras para el municipio de ASA deslindó responsabilidad bajo la premisa que delegó facultades a su gerente municipal, Daniel Gómez, para firmar contrato. Durante el interrogatorio hecho por el fiscal, aseguró desconocer cómo se realizó el proceso de licitación y ejecución de proyecto. Además se reveló que su chofer era operador de las cámaras pese a no haber sido capacitado.

El alcalde de Arequipa, Omar Candia, deslindó responsabilidad en la compra irregular de 40 cámaras para la central de videovigilancia que se instaló durante su primera gestión en la municipalidad de Alto Selva Alegre (2010 – 2014).

El proyecto nació en el gobierno de su antecesor Antonio Gamero, pero fue modificado y presentado como la obra principal en el plan de trabajo de Candia. Pese a ello, el actual burgomaestre dijo que no participó en el avance ni ejecución de la obra. “Solo participamos del acto de inauguración”, declaró ayer, durante la audiencia de apelación donde se revisa la sentencia que lo absolvió del cargo de colusión agravada.

El principal argumento del burgomaestre apunta a que delegó facultades a su gerente municipal, Daniel Gómez –que ocupa el mismo cargo en la Comuna Provincial y también absuelto del proceso-, quien se encargó de la firma del contrato del proyecto en febrero de 2012.

Por las irregularidades observadas en el proceso e instalación de las cámaras, el Tribunal de sanciones de la Contraloría General de la República abrió proceso contra Gómez, empero este mismo órgano lo absolvió de responsabilidad.

“Si el gerente fue absuelto con mayor razón el alcalde”, señaló Candia. Esta resolución fue una de las explicaciones que el juez Roberto Salas, quien vio el caso en primera instancia utilizó para absolver a Candia y al gerente. No obstante, condenó a 4 personas a 8 años de prisión, entre ellos, al representante del consorcio Soluciones Andinas, José Luis Ríos Sánchez, quien vendió las cámaras e instaló el sistema de seguridad. También a Sandro Martínez, ingeniero, quien modificó el proyecto en su calidad de asesor del municipio, además de los miembros del comité especial que licitó el proyecto, los exfuncionarios de la comuna de Selva Alegre, Reynaldo Díaz Chino y Juan Jesús Lipe Lizárraga. El representante de la Procuraduría, en esta audiencia, señaló que la absolución se dio por error de tipificación.

DESCONOCE

El fiscal superior Carlos Herrera a cargo de la apelación en este caso realizó un rígido interrogatorio al actual alcalde. Fueron más de 30 minutos de preguntas sobre su participación en el proceso de adjudicación, contrato y ejecución de la obra valorizada en más de S/ 2 millones. La respuesta de Candia en casi todo el “careo” apuntó a decir “desconozco o no tenía conocimiento”. “Son varias las falencias del proyecto y usted dice que no conocía ninguna”, acotó el fiscal antes de concluir con las preguntas.

CHOFER OPERADOR

Durante la audiencia, salieron a flote algunos datos que llamaron la atención del colegiado de magistrados. Uno de ellos fue que el chofer de Omar Candia, Julio César Salinas Lazo, fue designado como operador de las cámaras pese a no tener experiencia en ello, ni recibir capacitación.

La revelación fue evidenciada luego que el fiscal le preguntara a Candia sobre si sabía de los informes del “operador” que advertían que una vez concluida la instalación de las cámaras por el Consorcio Soluciones Andinas, estas no funcionaban en su totalidad. El operador reportó que solo 18 de 35 cámaras instaladas (cinco estaban en mantenimiento) funcionaban.

“Julio César Salinas Lazo era el chofer de alcaldía, fue cuestionado por regidores por acto de indisciplina y se le envía para que monitoree las cámaras. Él tenía estudios de soldador, fue sin capacitación, no tenía ningún tipo de pericia en telecomunicaciones y eso hace que emita este informe al área usuaria”, respondió Candia.
El alcalde justificó la inoperatividad de las cámaras por el robo de fibra óptica. Dijo que el hecho fue denunciado ante la Policía.

Además, señaló que no sabía que el expediente original del proyecto se había perdido y tuvo que ser reconstruido. Tampoco respondió a modificaciones en el contrato que permitieron que la empresa que instaló las cámaras cobre hasta el 70% del monto del proyecto, pese a no haber concluido su instalación.

“El Comité (Especial que llevó adelante la buena pro) es autónomo según ley y en la parte de carta fianzas y pagos hay funcionarios de rango medio bajo, que son responsables, el alcalde no va a ver quién paga o no”, se defendió.
«No puedo responder por lo que hace el portero, lo que hace la secretaria y habiendo pasado 6 años es evidente que hay cosas que no puedo recordar (…) Estoy ratificando mi inocencia porque no tengo responsabilidad alguna”, concluyó tras abandonar la sala de audiencias de la Corte de Arequipa. La próxima audiencia fue programada para el 17 de abril.