Arriola se va, pero la crisis sigue

La renuncia de Óscar Arriola a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú responde a una lógica de forma más que de fondo. Su relevo por Fredy Mendoza – quien asumirá la conducción de la institución una vez formalizada la resolución suprema correspondiente – no supone un viraje estratégico ni resuelve las limitaciones estructurales que enfrenta el Estado en materia de orden interno y seguridad ciudadana. Principalmente, representa un tanque de oxígeno para el Ejecutivo liderado por la presidenta Keiko Fujimori, cuyo costo político venía incrementándose tras la crisis generada por los recientes hechos de violencia en Trujillo.

La salida de Arriola no pone en cuestión su capacidad técnica ni su trayectoria profesional. Lo que evidencia es hasta qué punto la variable política termina condicionando la conducción de instituciones estratégicas del Estado. Cabe recordar que la Ley 31570, que modificó el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, estableció un periodo de gestión de dos años para la Comandancia General, limitando su remoción por una mera pérdida de confianza a determinadas causales de retiro o falta grave. Por tanto, la continuidad de Arriola no dependía exclusivamente de una decisión unilateral del Ejecutivo.

Sin embargo, la oposición y diversos sectores mediáticos lograron instalar una narrativa que trasladaba al ministro del Interior, César Astudillo, la responsabilidad política directa por las deficiencias en la contención de la criminalidad. Sobre esa base, distintas bancadas impulsaron una iniciativa legislativa orientada a flexibilizar las causales de cese de la alta dirección policial y, paralelamente, promovieron una moción de interpelación contra el titular del Interior. Se configuraba así la primera crisis política de la gestión entrante, con el riesgo de que el debate sobre seguridad terminara reducido a la permanencia de un funcionario, en lugar de concentrarse en las reformas que el país necesita.

En este escenario de alta volatilidad, la dimisión de Arriola constituye una decisión que permite contener el desgaste político del sector y devolver al Ejecutivo cierto margen de maniobra. No significa, sin embargo, que el problema de fondo haya desaparecido. Cambiar al comandante general no reforma la Policía, no fortalece la inteligencia, no mejora la capacidad operativa, no corrige las deficiencias del sistema penitenciario ni modifica el marco penal y procesal que permite a la delincuencia aprovechar las debilidades del Estado.

Con esta dimisión, la oposición pierde su principal argumento para sostener un cuestionamiento inmediato contra Astudillo. El debate debería abandonar, por tanto, la discusión sobre nombres y concentrarse en las decisiones que permitan enfrentar efectivamente la inseguridad.

Despejado este frente, el foco político y legislativo se traslada ahora a la Comisión de Constitución, actualmente presidida por Juntos por el Perú, donde corresponde evaluar con responsabilidad y sentido de urgencia la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo.

El país no necesita más maniobras para ganar tiempo. Necesita decisiones. Si la inseguridad ciudadana constituye una emergencia nacional, la respuesta institucional debe estar a la altura de esa emergencia. La salida de Arriola puede haberle dado oxígeno al Gobierno; ahora corresponde utilizarlo para actuar.

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