Confirman 36 meses de cárcel a familia por vender celulares robados

La Segunda Sala  Penal de Apelaciones  de la Corte Superior de Justicia confirmó la sentencia de 36 meses de prisión preventiva que se dictó en primera instancia en contra de los siete integrantes de un clan familiar que fueron detenidos por contrabando, receptación y adulteración de IMEI de teléfonos celulares. Este es el primer caso en Arequipa donde se dio prisión por la venta de móviles robados.

El colegiado conformado por los magistrados Carmen Lajo Lazo, Cecilia Aquize Díaz y Roger Pari Taboada, resolvió desestimar las apelaciones solicitadas por las defensas legales de los imputados y confirmar el dictamen del juez de Investigación Preparatoria, Víctor Raúl Zúñiga Urday, quien dio dicha pena temporal, mientras se efectúan las indagaciones respectivas.

La familia pertenecería a la organización criminal denominada “Los Palacos”,  dedicada a comercializar celulares robados y adulterados en siete stands del centro comercial Nuevo Mundo (avenida Jorge Chávez), más conocido como “La Muela”.

Los integrantes, quienes se encuentran hace un mes purgando prisión, son los hermanos Tomás Silverio, Rosario y Marco Antonio Quispe Lino, además de Lucila Lino de Quispe (la matriarca), Salvador Rodrigo Solari Rivera, Juan Javier Herrera Martínez y su hija Karen Herrera Quispe. 

Todos ellos afrontarán en prisión las investigaciones que realiza la Fiscalía contra Crimen Organizado por los presuntos delitos de receptación agravada (recibían móviles robados), contra la propiedad industrial por adulteración de terminales de telefonía celular (IMEI)  y contrabando (importaban teléfonos ilegalmente).

El clan familiar fue intervenido la noche del viernes 14 de julio, tras un operativo de dicho despacho fiscal junto a la Policía. Tras visitar siete puestos de venta de celulares, descubrieron que tenían equipos que permitían la clonación de IMEI de celulares robados, móviles sin registros de procedencia, entre otros. También se les incautó 49 mil soles y 800 dólares.

Los imputados permanecerán tras las rejas por tres años mientras la fiscal de Crimen Organizado, Rosmery Palomino Mendoza, culmina las diligencias, pericias, entrevistas y búsqueda de testigos que permitan tener las pruebas suficientes para acusarlos y que se procesa a su juzgamiento.