Arequipa

Contraloría ayudará a destrabar 95 obras paralizadas en región

20 de febrero de 2024
OBTENDRÁN UNA LISTA PRIORIZADA DE LOS PROYECTOS

El trabajo de coordinación debe concluir en tres semanas.

Tras reunirse con autoridades de Arequipa, el contralor general, Nelson Shack Yalta, informó ayer que hay 95 obras paralizadas en la región, por lo que, un equipo de especialistas de la institución dará asesoría para destrabarlas en tres semanas.

“Habrá un trabajo técnico durante las siguientes tres semanas, se va a desarrollar por los técnicos de la Contraloría y aquí en Arequipa, pero también en coordinación con los técnicos de cada una de las entidades que ejecutan estas obras”, manifestó.

El objetivo de este acercamiento, prosiguió el funcionario, es establecer un trabajo consensuado para obtener una lista priorizada, identificando las obras que son más factibles de ser destrabadas para retomarlas sin demora.

Precisó que a la vigencia de la Ley 31589, que facilita el destrabe de las obras paralizadas, debe sumarse la voluntad política del gobernador regional, alcaldes y titulares de sectores para lograr este cometido, además de la asignación de recursos.

“El marco legal para destrabar estas obras ya existe, entonces, parece que no ha habido mucha iniciativa por parte de las autoridades o también, capacidades técnicas, y la Contraloría va a apoyar en eso”, sostuvo Shack.

En relación a los motivos que impiden la ejecución de un proyecto iniciado, mencionó el arbitraje, proceso judicial, expediente técnico mal hecho, conflicto social o cambio de prioridad que ocasionó su abandono.

GOBIERNO REGIONAL

La entidad con la mayor cantidad de obras sin avanzar, de acuerdo al contralor, es el Gobierno Regional de Arequipa que concentra una docena. Anotó que también hay muchas instituciones del gobierno nacional, y municipios provinciales y distritales.

Recordó que como resultado de las acciones de control se identificó el año pasado en Arequipa, a 401 funcionarios con presunta responsabilidad administrativa civil y penal en hechos de corrupción que dejaron una pérdida de 78 millones de soles al Estado. 

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