Defensoría devela que depósito municipal funciona ilegalmente

El depósito municipal de autos ubicado en la esquina de la Av. Independencia con el pasaje Santa Rosa funciona ilegalmente. Ángel Manrique, defensor del Pueblo, informó que el establecimiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa no cuenta con licencia de funcionamiento, no cuenta con un certificado de Defensa Civil, no posee un protocolo de internamiento de vehículos y no cuenta con un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que garantice el trabajo del personal que custodia el local.

“Es un depósito ilegal, y eso genera riesgo al ciudadano, y ya hay denuncias que se han perdido autopartes y que ha habido daños a vehículos”, declaró Manrique.

La Defensoría develó estas deficiencias luego de recibir 15 quejas de ciudadanos que señalaron no haber recibido información sobre el servicio de grúas, haber sido víctimas de abuso de autoridad, haber sufrido daños contra su persona y sus vehículos durante el primer semestre de este año.

La autoridad del Estado tomó acciones defensoriales solicitando información a la Gerencia de Transporte, Subgerencia de Circulación Vial y la Unidad de Tránsito Vial de la Policía. A partir de este requerimiento entablaron reuniones con los titulares de estas dependencias y una visita al depósito municipal en donde encontraron serias deficiencias. Además de identificar problemas en el servicio de grúas, en donde existen vacíos y situaciones no reglamentadas que colaboran al abuso de ciertos derechos.

Según lo investigado por la Defensoría, la MPA y la Policía no siguieron un debido procedimiento para la contratación del servicio de grúas, pues solo existe un acta del 22 de junio del 2017 en donde el subgerente de Circulación Vial, Ismael Ortiz, y la mayor PNP, jefa de la Unidad de Tránsito, Katherine Gonzales, conforman una comisión para crear un registro de datos de remolques.

En ese documento se da a conocer que la comisión no es responsable de calificar los requisitos de las grúas y solo se limitan a crear una base de datos.

“No existe un procedimiento transparente y claro sobre cómo debiera contratarse el servicio privado de grúas y cuál es el procedimiento que debe seguirse tanto al momento de la intervención como en el depósito”, explicó.

Manrique señaló también que los conductores son afectados económicamente porque se les exige, sin su consentimiento, la contratación de un servicio de grúas no regulado. Además de ver en riesgo su integridad física y su vehículo porque no existe un protocolo de intervención de la Policía.

El defensor del Pueblo señaló que ante las irregularidades encontradas remitirán el informe de lo investigado a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República, para que tome acciones en el caso.

El documento será enviado también al municipio provincial recomendando la creación de una ordenanza municipal que regule el procedimiento de contratación de un servicio de terceros de grúas, que indique qué requisitos deben contar las unidades que prestan el servicio de remolques, que estipule un proceso de internamiento de los vehículos dentro del depósito, que señale los requisitos y las exigencias técnicas que debe cumplir un depósito municipal, Defensa Civil, un seguro contra daños y que se establezca un ROF del funcionamiento del depósito.

La Policía de Tránsito también será informada recomendándole que cumpla con el compromiso de elaboración de un protocolo de intervención para que se informe debidamente a los ciudadanos qué acciones debe seguir el agente policial al momento de una intervención y qué obligaciones debe tener el ciudadano.

DATO
El plazo para la MPA es de 30 días y el de la Policía de 15 para que puedan responder al requerimiento de la Defensoría.
“Desde nuestro punto de vista el procedimiento actual es irregular y no cuenta con la transparencia debida”, señaló Manrique.