Judiciales

Denuncian abusos de los derechos humanos de Manuel Merino

12 de noviembre de 2021
El caso es materia de análisis durante once meses.

El caso es materia de análisis durante once meses.

En rueda de prensa, la Coordinadora Republicana denunció la grave perpetración de abusos de los derechos humanos del ex presidente constitucional de la República, Manuel Merino De Lama, del ex primer ministro Ántero Flores-Aráoz, del ex ministro del Interior Gastón Rodríguez y numerosos policías.

La Fiscalía de la Nación también los imputa ser presuntos autores de la comisión de delitos por omisión del delito de homicidio; lesiones graves y leves, a título de “dolo eventual”.

El caso ha sido investigado durante once meses; sin embargo, no se ha podido demostrar que hubo abuso de la fuerza, pues la utilización de gases lacrimógenos y otros fueron estrictamente dentro de lo que establecen los reglamentos policiales.

En misivas enviadas al Secretario General de la OEA, así como a los titulares del Parlamento Andino y el Parlamento Europeo – Sección Iberoamericana, Hugo Guerra Arteaga y Ángel Delgado Silva, directores de la Coordinadora Republicana, sostienen que durante las manifestaciones y turbas de noviembre de 2020, a las autoridades legítimas se les dio un golpe de estado; luego del cual se les imputó falsamente haber ordenado uso desmedido de las fuerza policial, contexto en el cual se produjo la muerte de los jóvenes, Jack Briam Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, así como la supuesta desaparición de numerosas personas.

El Ministerio Público no ha demostrado quién o quiénes mataron a los dos jóvenes; qué arma fue la que causó la muerte; y quién es la persona que pedía un muerto entre los manifestantes.

Es por ello, que levantamos nuestras voces en búsqueda de justicia y equidad, no podemos permitir que sin haber llevado una investigación cabal, que adolece de graves ausencias probatorias, y objetivamente motivada por intereses políticos subalternos, se pretenda criminalizar y perseguir penalmente a quienes en esas circunstancias se desempeñaban en cargos de autoridad conforme a lo establecido en la Constitución.

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