Editorial: Otra vez la Contraloría

Las cosas han llegado a un nivel tal, que en la opinión pública existe la impresión de que no hay funcionarios inocentes de estar cometiendo faltas de quienes fueron elegidos para bien gobernar.

Tanto la gobernadora regional como el alcalde provincial, e incluso algunos burgomaestres distritales han recusado el papel de la Contraloría porque consideran que su labor de control debe ser básicamente preventiva y temen que en el país se generalice una opinión desestabilizante de toda acción de gobierno que al final no se prueba ni mucho menos se castiga.

Las oficinas de control interno de cada dependencia pública, tienen que funcionar como unos timbres de alarma, para que lo que se proyecte o se esté haciendo en forma equivocada se enmiende a tiempo y no se llegue al final con acusaciones que se hacen públicas y con denuncias que deben llegar al Ministerio Público para su evaluación y para considerar lo prudente y formular denuncia ante los jueces.

La indignación de que hacen gala las autoridades hasta ahora lesionadas como son la Gobernadora Regional y el Alcalde Provincial, obligan a una revisión de métodos para que la Contraloría no se convierta en una traba mas para la inversión pública, sin que eso quiera decir que no se castigue a quienes con evidencias y demostraciones sean sospechosos de la comisión de delitos que deben ser necesariamente castigados.

 

La Contraloría debe cambiar sus métodos, y evitar los escándalos que suponen respuestas duras por parte de quienes son acusados de presuntas faltas en el uso del dinero público.