El cementerio de juicios

El archivo judicial es como un cementerio a donde van a parar los expedientes de los juicios concluidos. Rumas de papeles están ordenadamente colocadas en los andamios, de acuerdo a su tipo de proceso, materia y extensión. Son documentos muertos que pasan a un lugar especial para su conservación. El archivo entonces es un panteón de juicios.

 

Desde que se fundó la Corte Superior de Justicia de Arequipa en 1825, es decir cuatro años después de que José de San Martín declarara la independencia del Perú, los casos empezaron a guardarse en ambientes especiales. Son 192 años de memoria judicial de la ciudad, que actualmente acumula 3 millones y medio de expedientes de diferentes juicios, mínimos y complejos, llamativos y curiosos. Todos.

 

“Hay casos importantísimos como el del señor Víctor Apaza, el último sometido a pena de muerte”, dice la jefa de la Unidad de Servicios Judiciales, Marcia Zea Ramírez.

 

Víctor Apaza Quispe fue fusilado en el excrass de Siglo XX el 17 de setiembre de 1971. Lo sentenciaron a la pena de muerte por el asesinato de su pareja Agustina Belisario Capacoyla. En vida fue despreciado por algunos, pero a su muerte se creó la leyenda de su santidad. La gente va a su nicho del cementerio de La Apacheta a dejarle flores, prenderle velas y sobre todo a pedirle milagros. Un santo popular cuyo proceso y detalles de su juicio se encuentra almacenado históricamente. 

 

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El archivo judicial de Arequipa tiene cuatro locales. Se ubican en la calle Colón (Paucarpata), en la avenida Venezuela, en la cooperativa Universitaria y en Acequia Alta (Cayma). Esta última es la más grande y conserva la mayor cantidad de procesos. Toda una casa de tres pisos donde los muebles son anaqueles con expedientes por doquier. 

 

Las causas están ordenadamente ubicadas de acuerdo a qué materia –penal, laboral, civil, familia– pertenecen, con códigos y ubicaciones estratégicas. El personal, está protegida con mascarillas, guantes y usan una bata blanca, como si fueran médicos a punto de operar. Estas medidas son fundamentales para protegerse del polvo. En el archivo de Cayma está el caso con más folios de la historia de la Corte de Arequipa.

 

En el tercer piso del establecimiento hay un lugar especial para el caso más grande. Casi todo un anaquel solamente para conservar el juicio que contiene más de seis cuerpos amarrados con pabilo, al que los trabajadores llaman, como el caso Kishimoto. Se trata de un proceso de 9 mil 41 folios por el delito de peculado que se siguió hace siete años en contra del presidente del extinto Banco de Materiales, Luis Kishimoto Higa y 20 exfuncionarios. Cada día el archivo crece más.

 

La jefa del Archivo Judicial, Deidamia Ramírez Neira, cuenta que al mes ingresan entre 600 a 800 nuevos expedientes para ser guardados. Para que un caso vaya a parar a alguna de las repisas existen condiciones. El expediente del juicio debe haber concluido y no debe pasar de los cuatro meses para que el personal vaya a los despachos a empaquetarlos y trasladarlos a los almacenes. 

 

“Diría que se incrementó el doble de los casos. Puede deberse a la alta litigiosidad y también porque con las nuevas leyes, los procesos se aceleran y hay mayor producción de los magistrados”, dice la funcionaria.

 

Parte de la memora judicial estuvo a punto de perderse hace cuatro años. El aluvión del ocho de febrero de 2013, ocurrido en la avenida Venezuela, alcanzó el archivo central inundando algunos ambientes y mojando las causas de mil 900 que estaba en la parte baja de los anaqueles. Los trabajadores tuvieron que secar los documentos, deshumedecerlos y nebulizarlos para lograr recuperarlos.

 

La labor permitió ser más precavidos. Ahora tratan de evitar los riesgos sobre todo durante la temporada de lluvias. Los ambientes son impermeabilizados para que ninguna gotera pueda arruinar los documentos, el tesoro judicial de Arequipa, donde también están guardados casos que fueron llevados por destacados juristas como José Luis Bustamante y Rivero o Francisco Mostajo. Procesos emblemáticos como el ocurrido en 1933, cuando demandaron al entonces prefecto Alejandro Saco Arenas por cerrar arbitrariamente el semanario Justicia, como un atentado en contra de la libertad de prensa.

 

“Es vital para el funcionamiento del todo el Poder Judicial, puesto que los expedientes archivados son generalmente solicitados para resolver casos que se están tramitando. Independientemente, estos archivos constituyen parte del Patrimonio Cultural y Judicial de la Nación”, dice Zea Ramírez.

 

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Diariamente se tramitan 90 solicitudes de desarchivamiento de causas. La mayoría es solicitada por abogados para analizar ciertos procesos, por investigadores o estudiantes que quieren hacer sus tesis. Antes demoraban siete días para poder ubicar los expedientes. Ahora se realiza en menos de cuatro, debido a la modernización del archivo.

 

Fue en el 2013 cuando empezaron a realizar un registro digital de los expedientes para que sea ingresado a un sistema. Así se conoce dónde están situados los expedientes en corto tiempo. Digitalizar completamente cada causa como sucede en España, es un objetivo que por ahora está lejos debido a la falta de presupuesto. 

La Corte viene gestionando con el Gobierno Regional para realizarles un traspaso de todos los expedientes con 30 años de antigüedad, conforme a la Ley Nº 19414. Estos documentos deben ser protegidos en un ambiente especial que disponga la Región. 

 

Los registros judiciales son cementerios de las causas. En sus andamios se conservan los cuerpos judiciales hasta que alguien decida solicitarlos. Son documentos muertos, pero que en cualquier momento pueden revivir por algunos días. Son camposantos de papeles que alguna vez generaron debates y condenas, son memorias históricas.