El negocio ilegal del miedo

Además de identificar presuntas mafias de extorsionadores en construcción civil y transporte, la Policía también apunta a penales del norte y sur del país para desarticular organizaciones del terror.

Por: Mariela Zuni M.

Un audio propalado por los medios comprometería a uno de los detenidos por el caso “Los Ladrillos Sindicales del Sur” en la presunta extorsión a un ingeniero encargado de una obra en construcción en Arequipa. En la grabación telefónica se escucha a José Díaz, hoy con detención preliminar, haciendo una advertencia a un ingeniero, presuntamente encargado de la obra Consorcio Vial de Sor Ana de Cerro Colorado.

Díaz se presenta como secretario de defensa laboral del sindicato (de Construcción Civil) e indica a su interlocutor que el comité de la obra está convocando a una medida de protesta por el retiro de un compañero. La llamada obedece a tratar de arreglar el “inconveniente” y “evitarse problemas”, es decir, que los obreros paralicen la obra, un modus operandi que usaba la presunta red de extorsionadores contra constructoras en Arequipa.

EXTORSIONES

Son llamadas perturbadoras de delincuentes que a través de la amenaza piden diversas sumas de dinero o como vemos cuotas laborales. Son extorsionadores que eligen a sus víctimas con sumo cuidado, les hacen reglaje, las atemorizan con mensajes y al final les hacen la llamada a sus celulares personales para cerrar el negocio ilegal.

A los perturbadores no les interesa si la víctima es un gran empresario o una persona que está iniciando un negocio, afirma el coronel PNP Nicasio Zapata Suclupe, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú.

El alto mando policial explica que la extorsión es un delito que se comete a nivel nacional por las construcciones públicas y privadas, a empresarios detectados por las organizaciones también en los rubros de transporte y en las exportaciones.

Las extorsiones a transportistas y a constructoras se hacen en las modalidades del cobro de cupos y el chalequeo, esta última caracterizada por el ofrecimiento de un servicio de seguridad que a la larga no se cumple, pero si el empresario no acepta es víctima de amenazas, violencia física e incluso atentados con explosivos.

“Ellos les dicen que les van a dar seguridad y para eso tienen que pagarles 5 mil a 10 mil soles mensuales, caso contrario, comienzan a amenazarlos, envían granadas, municiones, crean temor y zozobra, mafias que la policía está para desarticular”, manifiesta el oficial en entrevista para El Pueblo.

El caso “Los Ladrillos Sindicales del Sur” es de presunta extorsión a empresarios de la construcción que se inició en febrero del presente año en Arequipa. La fiscalía y la Policía corroboraron las denuncias de víctimas (11 identificadas), recabando información relevante desprendidas de escuchas telefónicas y videovigilancia.

Se hayan comprendidos en la investigación dirigentes de Construcción Civil como su secretario general Andrés Saya, el máximo dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, además de sus presuntos mandos ejecutores a los que se les encargaba las acciones de intimidación y extorsión. Se hablan de coordinaciones con funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa e incluso de la Sunafil.

LOS CAMANEJOS

Esta organización creaba empresa de transporte, en total 15, y después captaba a los transportistas informales ofreciéndoles ingresar fácilmente para laborar en sus rutas (Puno – Arequipa y Juliaca – Arequipa). Una vez adentro comenzaban a pedirles dinero, 300 a 500 soles, si se oponían tenían un grupo armado que ingresaba a las empresas, lesionaba e incendiaba las unidades.

Zapata Suclupe explica que “Los Camanejos” operan desde hace más de 8 años, y que en este tiempo abrían amasado aproximadamente 43 millones 290 mil soles, con un cobro diario de 15 mil soles.

La investigación contra esta organización de extorsión y sicarito fue aperturada por la Segunda Fiscalía de Crimen Organizado en Puno, cuya investigación también se extiende a Arequipa por el ámbito de sus operaciones.

TENTÁCULOS TRAS REJAS

El jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones señaló que el delito de extorsión a nivel nacional tiene tentáculos que operan tras las rejas, es decir, al interior de los penales, donde le sacan la vuelta a los bloqueadores de llamadas o a los sistemas de seguridad ingresando los equipos de comunicación. No obstante, Nicasio Zapata dijo que la policía ha iniciado un barrido en los penales del norte del país y evalúa lo propio en el sur para desarticular a las mafias.

“Por primera vez se ha intervenido penales como Chiclayo, Piura, Cajamarca, Huaraz, Ica, Ancón I y Ancón II, lugares donde se planifica las extorsiones. En el sur se está en investigación y evaluación de la información que llega por fuentes y el trabajo de inteligencia”, comentó.

EN CIFRAS

En el último semestre (marzo – agosto 2019), a nivel nacional urbano, en ciudades de 20 mil a más habitantes como Arequipa, se observa que 2 de cada 100 personas de 15 y más años de edad son víctimas de amenazas e intimidaciones, cifra que se mantiene desde el semestre similar del año anterior.

De la población que fue víctima de amenazas e intimidaciones, el 24,6% realizó la denuncia. Con respecto al semestre similar del año anterior, a nivel nacional urbano se incrementó en 4,8 puntos porcentuales.
Sobre el delito del terror, en la ciudad de Arequipa el 0.3% de las víctimas de algún delito han sido extorsionadas en el semestre marzo – agosto del presente año.

Según el Observatorio del Ministerio del Interior, el sector económico con mayor incidencia de extorsión en 2015 fue construcción, con 40% respecto del total de empresas dedicadas a esa actividad económica. En 2016, las empresas pesqueras víctimas de extorsión lideraron la lista con 31.1%.
Un caso particular resulta ser el de las empresas dedicadas a la explotación de minas y canteras, cabe resaltar esta actividad porque la cifra de extorsión aumentó considerablemente, pasando de un 15.5% a un 28.8%, entre el 2015 y el 2016. Transporte el 8.30% y actividades inmobiliarias el 6.90%.

Las empresas de menor tamaño parecen verse más afectadas por este delito. Las grandes y medianas empresas presentan un porcentaje de victimización bajo.