Fallas del marco legal impiden erradicar a la minería ilegal

Alto comisionado de la PCM plantea cambios legales y control permanente.

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García Esquerre, afirmó que la solución al crecimiento de esta actividad ilícita exige una intervención articulada del Estado. Sostuvo que la raíz del problema se encuentra en “las fallas del marco legal” que dificultan la capacidad de respuesta frente a la minería ilegal.

“El problema de la minería ilegal no es solamente un problema del Ejecutivo, es un problema de Estado, por lo que todo el Gobierno, el Legislativo y el Judicial tienen un papel muy importante. La raíz del problema está en el marco legal, que nos dificulta muchísimo luchar contra la minería ilegal y tenemos que cambiarlo”, subrayó.

DEPURACIÓN DEL REINFO

En ese contexto, destacó la decisión del Congreso de no ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y de reafirmar la facultad del Ejecutivo para excluir registros que no cumplan los requisitos. También resaltó que se haya impedido el retorno de 50 mil 565 registros excluidos, en cuya mayoría no se declaraba actividad minera o esta se realizaba sin autorización.

“Esta exclusión ha permitido reducir significativamente el universo de mineros en proceso de formalización. De los más de 31 mil que han quedado, son alrededor de 24 mil los que todavía están vigentes. Los demás están suspendidos por algún trámite, pero formalizar a este grupo es posible”, indicó.

MÁS CONTROL

García explicó que la formalización forma parte de una estrategia más amplia que incluye la erradicación de la minería ilegal y la recuperación ambiental. Recordó que el Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal, que implica operativos sostenidos y presencia permanente del Estado.

“El concepto que manejamos ahora es: vamos a erradicar, pero el Estado y las fuerzas del orden tienen que quedarse e instalar puestos de control para impedir cualquier actividad, por ejemplo, en los ríos donde la minería está prohibida; o puestos multisectoriales como los de Pataz”, comentó.

El alto comisionado destacó que esta experiencia viene mostrando avances al establecer rutas fiscales y puestos de control con participación de la Sunat, Sucamec y Sutran. Estos mecanismos permiten supervisar el ingreso y salida de insumos clave para la actividad minera, como combustibles, explosivos y maquinaria.

“En esas rutas fiscales se debe controlar todo lo que sale, que es material minero, y todo lo que ingresa, que son combustibles, explosivos, insumos químicos y maquinaria. El Ministerio de Energía y Minas debe poner en funcionamiento un sistema interoperable que integrará toda la información para garantizar una fiscalización efectiva en los puestos de control”, señaló.

García sostuvo que la implementación progresiva de este modelo permitirá replicarlo en otras zonas afectadas por minería ilegal, fortaleciendo la capacidad de fiscalización del Estado y reduciendo el impacto ambiental asociado a esta actividad.

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