Fiscales deben resolver 11 mil 800 casos de violencia familiar

En Arequipa la violencia familiar se han incrementado, advirtió la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Miriam Herrera Velarde. El Ministerio Público tiene una carga de 11 mil 800 casos en la actualidad y de ellos 3 mil son por violencia sexual.

Herrera manifestó que son 10 fiscales quienes deben atender esta carga de más de 11 mil casos con un enfoque feminista, para procurar la protección de la víctima que se atrevió a denunciar. Y en el caso de las mujeres maltratadas atendiéndolas como “la posible víctima de un feminicidio del mañana”.

La titular del Ministerio público en Arequipa señaló que esta sobrecarga laboral obedece principalmente a la «Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar» y el mal manejo legislativo para la implementación de la norma.

Explicó que la ley no vino acompañada de presupuesto con la excusa de no generar mayor gasto al erario nacional, sin considerar que la norma abrió nuevas necesidades de tratamiento para las víctimas, que requiere una inyección de inversión sustantiva.

Tal es el caso de las víctimas que necesitan la pericia psicológica. En Arequipa se cuenta con 16 psicólogos que solo pueden realizar dos atenciones al día, debido a la complejidad de su labor que les demanda por lo menos cuatro horas por cada paciente.

Miriam Herrera informó que gracias al compromiso del congresista Justiniano Apaza, se busca mayores recursos para la implementación de nuevas cámaras Gesell, y descargar la cantidad de citas en espera.

En el Departamento de Medicina Legal de Arequipa hay dos cámaras Gesell que se usan en la atención de víctimas de violencia sexual. De los 11 mil 800 casos de violencia unos 3 mil son violencia sexual.

Asimismo, la presidenta de la Junta de Fiscales mencionó la importancia de reforzar el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos, creado con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal, por el Ministerio Público para apoyar la labor fiscal, brindando a la víctima y al testigo un papel relevante dentro de la investigación o el proceso penal, cautelando que su testimonio no sufra interferencias o se desvanezca por factores de riesgo ajenos a su voluntad.

Herrera, durante su participación en la Audiencia Defensorial Descentralizada «Basta de violencia contra niñas y mujeres: Justicia sin indiferencia», organizada por la Defensoría del Pueblo, afirmó que en coordinación con instituciones aliadas como los Centros de Emergencia Mujer se ha logrado reducir esa cifra negra de casos no denunciados, y que las víctimas no desistan de sus denuncias por falta de apoyo de sus autoridades.