Fiscalía citará a gobernador por denuncia interpuesta por Southern

Empresa minera, propietaria del proyecto Tía María, acusa a Elmer Cáceres Llica por abuso de autoridad. Ello por haber anulado concesión de terrenos claves para operativizar mina. En dos semanas Fiscalía responderá si denuncia procede o no.

La comparecencia del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, en el Ministerio Público, será inminente luego de la denuncia interpuesta por la empresa minera Southern Perú contra la autoridad arequipeña por el delito de abuso de autoridad.

El 23 de agosto pasado los abogados Christian Gonzales Roncal y Mijaíl Alberto Aragón Aragón en representación de la minera interpusieron la demanda contra la máxima autoridad de Arequipa por haber anulado el contrato de servidumbre sobre las 49 mil 532 hectáreas ubicadas en Pampa Cachendo, entre los distritos de Cocachacra y Mejía, predios claves para operativizar el proyecto minero Tía María.

En la denuncia acusan a Cáceres de haberse excedido en sus funciones. Refieren que la anulación se dio de forma irregular el 25 de julio pasado.

En su momento, el gobernador justificó la nulidad de la concesión entregada a Southern por la exgobernadora Yamila Osorio por 21 años, debido a que esta se superponía en terrenos por donde pasaría el Gasoducto Sur Peruano. Luego trascendió que el proceso de anulación inició a pedido del alcalde de Deán Valdivia, Richard Ale Cruz.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Al respecto, el presidente de la Junta de Fiscales, Franklin Tomy López, explicó que al momento, el fiscal a cargo del caso evalúa si se apertura la investigación preliminar contra Cáceres. Esta evaluación durará dos semanas y busca corroborar si la denuncia de Southern cumple con todos los requisitos establecidos por ley, entre ellos si los hechos indicados se enmarcan en un delito penal.

El delito de abuso de autoridad está contemplado en el artículo 376 del Código Penal. El mismo que establece que «el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años».

Concluida la etapa de evaluación y de dar luz verde a la investigación preliminar, se iniciarán las diligencias en un plazo de 60 días, entre los que será necesario citar de forma inevitable al gobernador para que rinda sus descargos, así como a la parte demandante.

DATO
Concluida la investigación preparatoria, que según su complejidad, podría ampliarse, la fiscalía decidirá si formaliza investigación contra Elmer Cáceres Llica, es decir si lo acusa o no por el delito en mención.