Fiscalía investigará a 1,200 que tramitaron licencias en MPA

La Fiscalía Anticorrupción llamará a declarar a 1200 personas que tramitaron sus licencias de conducir para motocicleta en la Subgerencia de Circulación Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), en los últimos meses.

La medida busca determinar cómo se obtuvieron las licencias de conducir y si hubo de por medio pagos o no, para obtener el documento. El anuncio fue hecho ayer por el fiscal superior Carlos Herrera, durante la audiencia de apelación en el caso “Los Magníficos de las Licencias de Conducir”.

El grupo, según la tesis fiscal, estaba liderado por el subgerente de Circulación Vial de la MPA, Richard Chipana Mollinedo, quien fue detenido el 21 de junio pasado y ahora purga prisión preventiva por 9 meses. Dos testigos, ahora en calidad de protegidos, lo denunciaron por cobrarles para que obtengan sus brevetes.

El Ministerio Público pidió inicialmente 36 meses para Chipana y comparecencia con restricciones para el tramitador, Isaac Miranda, quien también formaría parte del grupo delictivo pero que se acogió a la confesión sincera. Ambos fueron acusados de los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio, sin embargo, el Poder Judicial descartó el primer delito, debido a que la Fiscalía no acreditó elementos de convicción que prueben que la organización captaba y entregaba licencias de conducir a cambio del pago de coimas, por lo que aprobó en parte la solicitud. En el grupo estarían involucradas tres personas más.

En ese contexto, ayer, el fiscal Herrera pidió a la Sala ampliar la prisión preventiva a 36 meses o en el peor de los casos a 18 meses, debido a la investigación que deben realizar. No apeló el extremo que descarta el delito de organización criminal, pero advirtió que el tiempo otorgado en primera instancia por la Corte de Justicia de Arequipa es insuficiente.

1200 EXPEDIENTES
Reveló que tras allanar la sede municipal se encontró 1200 solicitudes para la emisión de brevetes, por ello llamará a declarar a todos los solicitantes. La Fiscalía advierte que Chipana cobraba entre 200 y 500 por tramitar y obtener los certificados de conducir.

En esa intervención también se encontró certificados de evaluaciones psicosomáticas de salud, emitidas por la clínica San Pablo II, que dejó de funcionar un año antes a la intervención, por lo que se ha puesto en tela de juicio el valor o legalidad de los documentos en mención, que fueron firmados por una médico que también es investigada y será llamada a declarar.

“Si los certificados son recientes y ya hemos detectado que la clínica cerró hace más de un año, será más que obvio que el certificado no fue obtenido de manera legal”, señaló el fiscal, durante la audiencia.

En la misma diligencia se hallaron cuatro CPU, 1 laptop y manuscritos entre los supuestos integrantes del clan.
“Nueve meses será insuficiente para valorar todas esas pruebas. Tenemos que llamar a aproximadamente 1200”, señaló el fiscal, por lo que solicitó ampliar el plazo de prisión.

La defensa de Chipana por el contrario pidió declarar infundado el pedido de prisión preventiva. A su criterio, no hay elementos de convicción que avalen la prisión de 9 meses.

SECRETO BANCARIO
Parte de las diligencias que ha proyectado la Fiscalía Anticorrupción es el levantamiento del secreto a las comunicaciones y cuentas bancarias de los cinco implicados. Todos serán llamados a declarar.