Fiscalía revela irregularidades en 74 contratos directos del Gobierno Regional de Arequipa

La Tercera Fiscalía Anticorrupción formalizó la acusación en contra del expresidente del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Juan Manuel Guillén Benavides y siete de sus exfuncionarios por permitir contrataciones directas irregulares y por no otorgar la totalidad del canon minero que le correspondía a la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa). 

En el primer caso se les acusa del delito de negociación incompatible por realizar 74 contrataciones directas entre el 2012 a 2014 (uno último se adicionó y fue por la compra de máquinas para el colegio Rafael Loayza), para la adquisición de bienes o servicios en obras como el puente Chilina, Casa Museo Vargas Llosa y otras. Se efectuaron a través de un sistema de contratación directa diseñada por el entonces gerente general del GRA, Jorge Luis Aguilar Gallegos, el cual contravenía la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

 

La fiscal anticorrupción Maribel Rodríguez detalló que se celebraron contratos –incluso- con un solo postor, no presentaron sus propuestas técnicas y económicas, seleccionaron a 21 proveedores sin estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, requisito para que puedan contratar con el Estado. Mientras que en 66 contratos no presentaron cartas de garantía de fiel cumplimiento, se suscribieron cinco adendas con las empresas para modificar los plazos, además no cobraron penalidades por demoras. 

El perjuicio ocasionado con estos contratos directos de proveedores asciende a los 38 millones 500 mil soles. Por este caso, la fiscalía solicitó tres años y siete meses de prisión contra Guillén Benavides; cinco años y cuatro meses contra Aguilar Gallegos; cinco años de pena para Sarah Peña Dávila (Unidad Funcional de Apoyo de Proyectos) y para los exjefes de la oficina de Administración, Rossana Morays Velásquez y Juan Velille Torres. En todos los casos también solicita inhabilitación para ejercer cargo público por el plazo de la pena.

 

UNSA SIN CANON

Asimismo, en la misma audiencia realizada ante el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, Juan Carlos Benavides del Carpio, la fiscal también acusó al extitular del GRA y a tres exfuncionarios por malversación de fondos.

La fiscal Rodríguez sostuvo que del 2007 al 2011, el GRA no transfirió el 20% del canon minero que le correspondía  a la Unsa como fondo para investigación y parte del dinero lo usó en otras obras. En este plazo debió dar S/ 109 millones, pero otorgó pocas cantidades. En el 2007 solo transfirió S/ 9 millones 915 mil; en 2008 fue de S/ 21 millones; 2009 de solo S/ 10 mil; 2010 no trasfirió nada por con una resolución regional que financió Majes Siguas II y 2011 fue de S/ 33 millones. En total fue de S/ 74 millones 918 mil, faltaban S/ 34 millones 832 mil, que se aplicó a otros proyectos.

Esto habría afectado que no se realice proyectos como la habilitación urbana de campus de Ingeniería, mejoramiento e implementación de laboratorios, equipos de ingeniería, entre otros.

No obstante, entre 2012 y 2014 se efectuaron modificaciones presupuestarias en el GRA sin autorización, con el fin de pagar lo que faltaba. De este modo montos que estaban comprometidos para proyectos como Majes Siguas y el santuario de Chapi se destinaron para pagar el canon.

Aparte del expresidente, también se acusa a Miguel Ocharán Pichu, Eliana Vargas Paz y Víctor Hugo Quispe Rodríguez. Se pide una pena de tres años de prisión e inhabilitación.

El abogado de Guillén, Gonzalo Bellido, explicó que en ambas acusaciones no existe una prueba de calidad que vincule responsabilidad de su defendido. Solicitará el sobreseimiento por imputación insuficiente e improcedencia de acción. 

 

PERSIGUEN A GUILLÉN

El ex presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides tiene quien lo defienda. Su esposa, Nora Solís, quien está presente en las audiencias de los juicios que imputan a la exautoridad, indicó que existen un perseguimiento en su contra.

Solís indicó que existen quienes quieren ver a su esposo caído. Una aseveración que en  anterior oportunidad, el mismo Guillén refirió que hay gente interesada en verlo en prisión, para retirarlo del entorno político. 

“Ningún fiscal ha podido determinar que hubo sobornos ni enriquecimiento, ni siquiera un aprovechamiento personal”, dijo Nora Solís, ayer al salir de una audiencia donde se imputa a la ex autoridad regional.

No obstante los casos siguen. Hoy también continuará la audiencia en contra de Guillén Benavides por el presunto delito de contaminación ambiental e incumplimiento de funciones, donde la Fiscalía en Materia Ambiental solicita seis años de prisión efectiva y una reparación civil de 100 mil soles.

Se le imputa que en su primera gestión a cargo del GRA, dispuso que todas las curtiembres se trasladen a Río seco y conecten sus desagües a la alcantarilla, el cual desencadenó la contaminación en Añashuayco.

Gonzalo Bellido, abogado del expresidente del GRA, presentó una observación a la acusación de la fiscalía, el cual debe ser resuelto hoy por el Segundo Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Tras ello, se decidirá si pasa a juicio o no.