Gerente de Educación procederá legalmente por denuncia en su contra

La autoridad confirmó que pedirá un informe respecto a la denuncia por cobros para el denominado Programa de Asesoramiento Pedagógico Institucional (PAPI), dirigido a apoyar a las instituciones educativas privadas.

El gerente regional de Educación, Milton Casaperalta Ayma, y el también aludido director de la Ugel Norte, Jorge Luis Choque Mamani, procederán legalmente contra el responsable de la denuncia pública donde se responsabiliza a ambos de estar tras presuntos cobros indebidos a instituciones educativas privadas.

Ricardo Medina Minaya, dirigente, denunció ante el Ministerio Público a los dos funcionarios y la especialista en instituciones educativas privadas, Carmen Velarde, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y abuso de autoridad.

El denunciante explicó que desde el 2018 se implementó el Programa de Asesoramiento Pedagógico Institucional (PAPI) para dar apoyo pedagógico a los docentes de los colegios particulares. Para acceder a ello los promotores deben pagar 300 soles por cada nivel educativo, caso contrario son objeto de represalias, multas y hasta clausuras como las registradas en Cerro Colorado, donde afirma se han cerrado hasta 15 locales escolares.

Incluso comentó que enterado de la denuncia el gerente de Educación habría elaborado convenios donde sean los colegios privados los que soliciten el apoyo pedagógico.

Al respecto, el primer aludido, Milton Casaperalta Ayma, negó conocer esa denuncia y mucho menos que haya estado buscando firmar convenios con las instituciones educativas privadas. Aseveró que procederá legalmente contra el autor de la denuncia.

Por su parte, el director de la Ugel Norte, Jorge Choque, dijo que responderá a la denuncia con otra por difamación. Consideró que se ha actuado maliciosamente contra su gestión que promueve el acompañamiento educativo.

“Querer mostrar que hay un pago extraño, aparte va ser materia de denuncia penal que vamos a iniciar, porque eso significa una difamación y nosotros tenemos el legítimo derecho de defender nuestras honras.

Nosotros hemos trabajado de manera honesta y esa denuncia tendrá que ser probada, y quienes hicieron esa denuncia de manera maliciosa tendrán que pagar las consecuencias que correspondan de acuerdo a ley”, dijo.

Confirmó que para el programa PAPI se han conformado redes con instituciones educativas privadas de manera voluntaria. Los pagos se realizan a la cuenta de la tesorera de la organización que, en el caso denunciado por Medina, es Elisa Palomino Vargas, dinero usado para pagar a los especialistas.