Hallan irregularidades cometidas por cerca de 4 mil funcionarios

En regiones, existen 600 implicados con presunta responsabilidad civil o penal.

El contralor general de la República, Nelson Shack, presentó su informe de gestión institucional y otros temas ante el Congreso, indicando que durante los primeros nueve meses de este año, la Contraloría ha detectado mediante servicios de control posterior, presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 3 mil 969 funcionarios públicos de diversas entidades públicas a nivel nacional.

Más de 1800 de estos funcionarios pertenecen al Gobierno Nacional, mientras que más de 600 están relacionados con instancias de Gobierno Regional y más de 1400 provienen de gobiernos locales. 

La presentación también destacó la necesidad de fortalecer las capacidades de los gestores públicos para que puedan reaccionar de manera más ágil a las alertas emitidas por la Contraloría a través de los servicios de control simultáneo, que sumaron 30 mil 351 hasta el 30 de setiembre. De las 53 mil 131 alertas emitidas en ese período, el 24% se ha corregido, pero queda aproximadamente otro 24% que no ha recibido corrección y que se convertirá en la base para la determinación de responsabilidades a través del control posterior el próximo año.

Shack Yalta también abordó el tema del costo de la corrupción en el Perú. Afirmó que, aunque la cifra está disminuyendo de manera interanual, lo hace a un ritmo demasiado lento. En términos de incidencia, se pasó de un 14.9% en 2019 a un 13.4% en 2022, y en términos del Producto Bruto Interno (PBI), se redujo del 3.0% en 2019 al 2.6% en 2022.

El Contralor subrayó que la corrupción está disminuyendo empíricamente en el país, lo que refleja avances significativos en la detección de estos casos por parte de la Contraloría. Insistió en que se necesita una sanción efectiva para los responsables, tarea que recae en el sistema de justicia.

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