La virtud cívica como ideal republicano

Urge reflexionar sobre los doscientos años de vida republicana, no para refundar la república sino para repensar el Perú que queremos.

Por: Mario Rommel Arce Espinoza

Si lo vivido en Hispanoamérica en el siglo XIX fue una revolución en sentido trascendente, es decir, de cambio de las estructuras de poder político, con el tránsito del gobierno monárquico al gobierno representativo; se puede afirmar que hubo un cambio, desde el punto de vista político, a pesar de la falta de hábitos democráticos. El nuevo modelo tiene como base la soberanía popular, un principio que no era extraño a la monarquía constitucional, donde también había representación, no del ciudadano, como sujeto de derecho, sino del vasallo, como sujeto jurídico que pertenecía a un estamento social, en función del cual era acreedor a beneficios y/o privilegios.

En una sociedad jerarquizada el beneficio y/o privilegio estaba condicionado a la pertenencia a un grupo social determinado. En cambio, en el sistema republicano, el ciudadano o sujeto de derecho era reconocido como tal por la Constitución del Estado. ¿Cuál era la diferencia? El vasallo dependía de la voluntad del rey, de acuerdo a su posición social; en cambio, en el sistema republicano el ciudadano pasó a depender de la ley. El gobierno monárquico, en el esquema metodológico de Thomas Kuhn, durante su vigencia, tuvo panegiristas como Santo Tomás de Aquino.

Sostuvo en su libro “Gobierno Monárquico” que este era el mejor sistema, porque garantizaba la unidad de poder. “Solo se debe tener un príncipe”, afirmaba. Haciendo una analogía, llegó a decir que “las abejas no tienen más que un rey”. Pero también dijo que el rey debía consagrar su autoridad a hacer el bien común. A este respecto, el historiador francés Jacques Le Goff postuló la idea de una historia bonita y una historia fea de la Edad Media. Este planteamiento es igualmente aplicable para el análisis del gobierno monárquico. Se cree, por ejemplo, que el rey era un tirano, que gobernaba en atención a su voluntad y capricho. Sin embargo, se olvida que el rey debía hacer el bien común. Además, debía sujetar su conducta a ciertos lineamientos.

En 1666, en Madrid, se publicó por primera vez la “Cartilla política y cristiana” de Diego Felipe de Albornoz, un verdadero tratado de derecho político. Allí el autor expuso las cualidades del buen gobernante. Si el príncipe quería alcanzar la fama debía preocuparse por la utilidad común.

Dijo al respecto: “Dios nos libre de que hagan vanidad de lo injusto”. Otra cualidad del príncipe fue la gravedad, debía ser ponderado, equilibrado en sus actos, sin cometer excesos. Es lo mismo que dijo Albornoz, “no ha de ser solo la gravedad en el aspecto, sino en las acciones, en las palabras y en los movimientos”. El honor fue también importante en la conducta del príncipe. Era honor servir y no servirse. “Muchos reyes nos cuentan las historias liberales (dijo Albornoz), pero muy pocos vasallos satisfechos; porque en no sirviendo por amor y haciendo mercancía la virtud, cualquier premio parece corto”.

El honor era un privilegio, el merecimiento de ser tratado como “Don” era un premio concedido a pocas personas. Cuando el reconocimiento se convertía en honor de muchos, pasaba a ser un demérito, poco o nada apreciado. El honor caracterizó justamente a la monarquía, a diferencia de la virtud cívica que fue el ideal republicano. La diferencia entre ambas radica en la jerarquía del primero. Solo las personas con rango, poder y riqueza podían pertenecer a la élite gobernante. En su estudio de las élites, el historiador inglés Peter Burke comenta que en el caso de Venecia y Ámsterdam, para el siglo XIX, los patricios serían reemplazados por los empresarios, que tenían dinero, pero no rango social. El honor iba acompañado del rango que ejercían dentro de la sociedad. En cambio, la virtud cívica, fue definida por José Antonio Aguilar “como la capacidad de cada ciudadano para poner los intereses de la comunidad por encima de los suyos”. Mientras el honor era egoísta, la virtud cívica requería de un auténtico compromiso ciudadano para participar activamente de la función pública.

Se puede concluir en esta parte que el príncipe estaba llamado a ser un buen gobierno si reunía los atributos señalados. Quiere decir que el príncipe no actuaba por capricho, tenía normas de conducta que observar. Según la teoría política de monseñor Santiago Benigno Bossuet, correspondiente al siglo XVII, el poder del rey radicaba en el derecho divino. “El verdadero soberano, decía Bossuet, es Dios; este tiene como ministros a los reyes y se vale de ellos para gobernar a los pueblos”. La autoridad real procede de Dios; en consecuencia “la persona del rey es sagrada”.

Sin embargo, el rey tenía deberes que cumplir, como realizar el bien público. Si el rey no hacía el bien público, el poder regresaba al pueblo, como su auténtico depositario. Este tipo de teorías comenzaron a ser concebidas en el siglo XVIII. Y, por tanto, empezaron a cuestionar la autoridad del rey, si este no cumplía con su principal mandato que era hacer el bien común. Estas ideas políticas consideradas peligrosas, anti sistémicas, estaban prohibidas por el Estado, a través de la censura laica.

El libro era considerado en aquella época, como si fuera un “delincuente de papel”. Este factor es otra vía para conocer la práctica de recepción y apropiación de los textos. ¿Fueron los libros capaces de producir una revolución? Es una pregunta que se hace el historiador norteamericano Robert Darnton. Yo diría que sí, por la teoría del libro y la respuesta del lector. Con el nacimiento de la república nació la idea de virtud cívica. Consistió en hacer prevalecer el interés común por encima del interés particular. Se requería el compromiso ciudadano de participar activamente en la vida pública.

A semejanza de la polis griega, todos o casi estaban llamados al ejercicio de la función pública; pero, para ello, era necesario contar con ciudadanos preparados. La educación será un factor importante para asegurar el progreso del país. A inicios de la república, el Perú estaba en camino, pero todavía lejos de cubrir esas expectativas.

Digo que estaba en camino, porque no se puede desconocer el legado anterior al origen de la república, tampoco el legado prehispánico, anterior a la llegada del conquistador español. El Perú ha sido una continuidad en el tiempo y el espacio geográfico. Sobre este mismo territorio florecieron las culturas anteriores a la expansión del Tahuantinsuyo. Aquí mismo se asentó el reino del Perú, y posterior virreinato, reconociendo así su condición de colonia. Ahora mismo es el lugar de la república peruana. Manuel Atanasio Fuentes, en el texto de presentación de la colección “Biblioteca Peruana de Historia, Ciencias y Literatura”, publicada en Lima, en 1861, dijo del antiguo “Mercurio Peruano”, editado por la Sociedad Amantes del País, que era “una enciclopedia que presta preciosos datos sobre la historia y progresos del antiguo virreinato del Perú”.

El autor está reconociendo lo que todos sabemos, que el Perú actual es consecuencia del legado preinca, inca y colonial. Entonces, ¿por qué razón se señala a la época colonial como un período ominoso en la historia nacional? En mi opinión, el nuevo orden republicano se legitimó sobre la base de estigmatizar el período colonial como todo lo contrario al espíritu republicano. Por eso, se habló de un antiguo régimen para marcar la diferencia entre ambos períodos. Uno de oprobio y otro de redención.

La propia historiografía peruana del siglo XIX contribuyó a ese discurso entre político y literario. En esa línea se ubicó el historiador Nemesio Vargas. En su “Historia del Perú independiente”, publicado en Lima, en 1903, dijo: “El oro y la plata constituían la riqueza, y para conseguirlos, nada importaba que desapareciera de la faz de la tierra el peón que los extraía y beneficiaba”. Y agregó en otro párrafo: “La pluma se detiene al describir los horrores cometidos contra los pobres indios en el largo transcurso de tres siglos”. En otras palabras, el conquistador español fue representado como un explotador. En el imaginario social prevalece la historia fea del período colonial, pero poco se habla de la otra historia, representada por el legado cultural de la civilización occidental. Estas visiones contradictorias de la historia nacional han sido atizadas por el discurso político que ha usufructuado la historia para fines ideológicos, políticos y partidarios. La ciudadanía, a la vez, es un concepto en formación, que no solo se relaciona con la condición de elector en los procesos electores decimonónicos.

Tiene que ver con la formación cívica y ciudadana, para el conocimiento de los derechos y obligaciones. Esa preocupación se pone de manifiesto en la publicación de los catecismos políticos. Como si se tratara del evangelio en triunfo, hubo un marcado interés por difundir en la escuela la estructura del estado. Como reza su nombre, el “catecismo político” era el ABC de todo ciudadano. Este tipo de textos circularon en España a comienzos del siglo XIX, para dar a conocer los nuevos derechos políticos consagrados en la Constitución de Cádiz de 1812. El catecismo político es un antecedente del curso de educación cívica del siglo XX. Ya sabemos que el modelo político, en nuestro medio, no fue fruto de un amplio debate de las ideas, tampoco de legitimación por medio del consenso mayoritario de la población. El sistema republicano se adopta como consecuencia de un proceso de globalización en el orden de las ideas políticas. Hay una corriente de opinión favorable a la independencia, a la libertad, llegada de Europa y los Estados Unidos que arrastra a todo el continente en un contexto de descontento social, como efecto de las reformas borbónicas implementadas en Hispanoamérica en el siglo XVIII, pero también de germinación de la idea de patria.

Y, por supuesto, a la crisis política que siguió a la ocupación napoleónica de España. Hubo entonces factores endógenos y exógenos en el proceso emancipador. Si la independencia fue concedida, conseguida o concebida es un tema de amplio debate, lo cierto es que hubo la idea de patria, y que ella motivó a los criollos americanos a la búsqueda del autogobierno. Este reconocimiento como un país diverso a la metrópoli española conllevó a mirar hacia adentro. La educación y la cultura son fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible en el tiempo. Solo entonces podremos ser una sociedad más democrática, plural, libre y liberada del prejuicio y la ignorancia. Y para alcanzar esos objetivos republicanos, se requiere invertir más en educación y cultura.