Más de 700 colegios de Lima Metropolitana han sido declarados en riesgo

Debido a la antigüedad de su infraestructura.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima demandó al Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) atender la situación crítica en que se encuentran más de 700 colegios ubicados en diferentes distritos de la capital que han sido declarados en riesgo alto o muy alto debido a la antigüedad de su infraestructura.

Sin embargo, aún no reciben la atención integral que se requiere, pese a haber transcurrido siete años desde que fueran incluidos en una lista de planteles para un tratamiento prioritario.

En efecto, en 2015, el Ministerio de Educación aprobó la “Estrategia de corto plazo para la atención inmediata de infraestructura educativa en Lima Metropolitana”, que incluyó a distintos centros educativos en los que debía procederse a la demolición e instalación de aulas prefabricadas, así como al desmontaje de edificaciones precarias y derribo de cercos perimétricos en mal estado para ser reemplazados por nuevas estructuras. No obstante, pese al tiempo transcurrido, puede observarse que no hay avances significativos y la situación de muchas instituciones educativas continúa igual.

Según explicó el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, Alberto Huerta, mediante un informe dirigido al Pronied, a lo largo de estos últimos siete años se han desarrollado múltiples supervisiones y reuniones con distintos sectores para advertir el estado crítico en que continúan muchas de las escuelas que fueron incluidas en la estrategia planteada por dicha entidad.

El representante de la Defensoría del Pueblo detalló que, como solución temporal al problema, se optó por la implementación de aulas prefabricadas como una estrategia temporal hasta que se reconstruyeran las aulas de muchos planteles afectadas por grietas. Sin embargo, aún continúan pese a que su uso era por un tiempo limitado. Además, en muchos casos estas aulas han sido implementadas en áreas verdes o en patios, reduciendo así las zonas de recreo.

En el documento también se dieron a conocer los resultados de la supervisión que llevó a cabo la Oficina Defensorial de Lima en 26 de colegios de la capital. En ese sentido, se incluye una lista de 14 instituciones educativas supervisadas que requieren una intervención inmediata, la mayoría de las cuales se ubican en distritos como el Cercado de Lima, Chorrillos, La Victoria, San Miguel y Rímac, así como en la zona de Barrios Altos. Además, en algunas de ellas es necesaria la intervención del Ministerio de Cultura debido a su ubicación en zonas monumentales.

Conforman esta lista los colegios Virgen del Carmen y Roque Sáenz Peña, en San Miguel; Andrés Avelino Cáceres y Santa Teresa de Villa, en Chorrillos; así como el Colegio Nacional de Mujeres y la Institución Educativa Ramón Castilla, en el Rímac. Asimismo, los colegios Nuestra Señora de la Visitación y Juana Infantes, en Cercado de Lima; Sagrado Corazón de Jesús, República de Panamá y Sagrada Familia, en La Victoria; así como los planteles Ramón Espinoza y República de Bolivia, en la zona de Barrios Altos, en Lima. Se advierte también que los módulos temporales instalados en 11 colegios se encuentran en mal estado; mientras que los cercos perimétricos de 12 planteles continúan en condición de alto riesgo.

Ante esta situación, Huerta pidió a las autoridades del Pronied actuar inmediatamente a fin de garantizar el derecho a la educación de miles de estudiantes. Ello, luego de manifestar su preocupación debido a que, hasta mediados de febrero, un buen número de directoras y directores de los centros educativos se encontraban a la espera de recibir la autorización para retirar los fondos de mantenimiento escolar dirigidos a efectuar trabajos de acondicionamiento en las escuelas.

El representante de la Defensoría del Pueblo se dirigió también a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), a la que pidió adoptar acciones de coordinación urgentes ante el Pronied para que se agilice el inicio de los obras de remodelación, sustitución de módulos educativos y reforzamiento de los cercos perimétricos en los colegios declarados en alto riesgo.