Mujeres víctimas de feminicidio no obtienen verdadera justicia
La Defensoría del Pueblo presentó un estudio de casos de feminicidio registrados en el 2017. En el análisis descubrió que existe una disparidad de criterios jurídicos al momento de otorgar veredictos, que las pericias solicitadas por el Ministerio Público no son atendidas en medicina legal, que las empresas de telecomunicaciones no atienden al pedido de la Fiscalía y que existe una falta de homogeneidad en las penas y reparaciones civiles impuestas contra los actores agresores.
“Hemos presentado el informe de feminicidios ocurridos en la región Arequipa en el 2017 para lograr dos objetivos: estudiar los casos de feminicidios y las circunstancias de riesgo que se generaron en el 2017 que generaron la pérdida de once víctimas. Y lograr identificar cuáles fueron los problemas con respecto a la actuación del sistema de justicia”. De los hallazgos que hemos advertido, hemos identificado once casos ocurridos en el 2017, ¿y por qué ese año? Pues considerábamos que después de más de tres años la mayoría de casos había concluido y los agresores estaban cumpliendo sus penas, lamentablemente no fue así”, declaró Ángel María Manrique, Defensor del Pueblo en Arequipa.
El informe que lleva por nombre “Feminicidios en Arequipa, análisis social y jurisdiccional de los casos consumados durante el 2017” desveló que existe una disparidad de criterios jurídicos que manejan tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público para registrar y tipificar la violencia contra la mujer.
“Lamentablemente, se ha advertido que de los 11 casos de feminicidios ocurridos en el 2017 solo 4 cuentan con sentencia final y que están en etapa de ejecución, otros cinco aún están en proceso judicial y dos de ellos fueron archivados en la etapa de investigación preliminar a cargo del Ministerio Público”, informó Manrique.
El estudio de la Defensorías del Pueblo identificó una variedad de penas impuestas contra los agresores, sanciones pecuniarias de 8000 a 100 000 soles y sentencias privativas de la libertad de 8 a 30 años.
“Los casos de violencia, mucho más en los casos de feminicidio que es la expresión más cruel en contra de la vida de una mujer se requiere un sistema de justicia eficiente, eficaz, pero también transparente. Porque no puede ser que después de tres años tengamos solo 4 casos que hayan culminado y que los demás se encuentren en proceso de investigación. Además, hemos advertido una disparidad de criterios jurisdiccionales, tanto para imponer la pena como para la reparación civil, de los cuatro advertimos que se han impuesto penas que van desde ocho años hasta 25 años, pero el delito de feminicidio tiene como pena mínima 15 años”, declaró.
La Defensoría del Pueblo ha propuesto la conformación de un pleno jurisdiccional distrital con invitación al Ministerio Público y Centros de Emergencia Mujer para abordar la disparidad de la tipificación y configuración de las penas y reparaciones civiles.
DATO
El estudio arrojó que en el 100 % de los casos la víctima y el agresor mantenían una relación sentimental, en el 64 % tenían hijos, en el 73 % las agresiones ocurrieron bajo efectos del alcohol, en un 65 % los agresores eran migrantes, y que en el 82 % de los casos el agresor trabajaba de manera informal.
Leer comentarios