OIT conoce de dos casos de trabajo forzoso en Arequipa

 

La captó Andrea  Ríos Gonzales, una ingeniera que la maltrató y la obligó a trabajar desde las 05:30 hasta las 23:00 horas. La mantuvo seis años, entre Lima, Cajamarca, Huaraz y Arequipa, donde finalmente se descubrió el caso. 

Robles recibía como pago 200 soles, maltratos físicos y psicológicos, amenazas para que no dejar de trabajar. Ríos Gonzales desde mayo de este año está en prisión como medida preventiva. 

Otro caso se conoció con la declaración de Uriel. Acudió a una comisaría donde denunció deudas y maltratos por parte de la dueña de la cadena de Chifas El Gavilán, Lourdes Candia. Con su denuncia ubicaron hasta 15 víctimas. Eran captados, los hacían trabajar en promedio 13 horas al día, les pagaban menos del sueldo mínimo, cerraban con llave el ambiente donde dormían, además de retenerles su documento de identidad. 

Ambos casos fueron recogidos por Teresa Torres, coordinadora del Proyecto contra el Trabajo Forzoso – Bridge Perú de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos. Ayer acudió a un taller de sensibilización realizado en Arequipa, promovido por la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Trabajo Forzoso, presidido por el vicegobernador Víctor Raúl Cadenas.

Según la información de la OIT, a nivel mundial habría más de 21 millones de víctimas sometidas a trabajos forzosos, y solo en América Latina y el Caribe la cifra bordearía el millón 800 mil, lo que generaría para los explotadores a nivel mundial 150 mil millones de dólares en ganancias ilegales al año, y en América Latina la cifra bordearía los 12 mil millones de dólares.

El trabajo forzoso es un delito sancionado con pena de cárcel desde este año en Perú. La sanción va desde seis a doce años de prisión. Los indicadores son el encierro, la vigilancia, la amenaza y coerción que impide a la persona abandonar el trabajo. «Su voluntad está doblegada, afecta la libertad de trabajo y la dignidad humana», dijo.