Piden la revocatoria del alcalde provincial
Llegaron con burros que cargaban fotografías de diversas autoridades. Pobladores marcharon hasta las instalaciones del Poder Judicial.
Tres burros acompañaron a los protestantes. Cada animal llevaba colgada una fotografía en su cuello.
En la primera fotografía se lucía el rostro del alcalde provincial, Omar Candia, adornado de palabras como “corrupto”, “inútil” y demás adjetivos.
En los otros équidos se distinguían las fotografías del Gerente de Transporte Urbano y Circulación, Ricardo Lira, y de Juan Carlos, Subgerente de Transporte Urbano y Especial.
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Los pobladores piden que los jueces a cargo del caso, le den a Omar Candia una sentencia condenatoria en segunda instancia por las presuntas irregularidades en la adquisición de cámaras de seguridad durante su gestión como alcalde distrital de Alto Selva Alegre.
En la marcha destacó la presencia de Víctor Mendoza, vocero del Colectivo Dignidad y principal impulsor de la revocatoria del alcalde provincial de Arequipa.
Los protestantes partieron desde la calle Tacna y Arica con el objetivo de llegar al Poder Judicial donde realizaron un plantón.
Recorrieron la calle San Juan de Dios. Recordemos que el mejoramiento de la vía ya se tardó más de lo establecido y hasta el momento no concluye. La obra fue muy cuestionada por la población arequipeña y afecta a una gran cantidad de transeúntes y comerciantes de la zona.
LA DECISIÓN ESTÁ EN MANO DE LOS JUECES
El día de hoy, el tribunal decidirá si Omar Candia cumplirá una condena de seis años de prisión efectiva.
Los jueces superiores Max Rivera Dueñas, Orlando Abril Paredes y Percy Chalco Callo, decidirán este 28 de enero si aceptan la apelación de la sentencia que condena a la autoridad.
Ante los antecedentes, a Candia se le halló responsable, en primera instancia, del delito de colusión agravada.
El burgomaestre habría permitido en el año 2012, la compra irregular de 40 cámaras de videovigilancia cuando fue alcalde distrital del distrito de Alto Selva Alegre.
Las cámaras no fueron puestas para su operación, a pesar que S/ 2 100 000 fueron destinados para la compra, lo cual generó un perjuicio económico.
De confirmarse la sentencia, la autoridad deberá dejar su cargo.
Asimismo, están involucrados exfuncionarios de su gestión en ese entonces, Juan Jesús Lipe Lizárraga y Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo.
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