Procuraduría del GRA desalojó a invasores en Yura

Con maquinaria pesada y unos 600 policías se cumplió el desalojo de invasores que habían ocupado 99 hectáreas ubicadas entre PROFAM y Parque Industrial en el distrito de Yura, que pertenecen al Estado.
Desde la madrugada los pobladores habían bloqueado las vías de acceso a dicho sector para evitar el ingreso de la Policía y la autoridad regional, sin embargo, ello no evitó que se cumpla la diligencia de desalojo.
Personas contratadas por la Procuraduría del Gobierno Regional retiraron las esteras y palos usados por los invasores para construir sus casuchas. Parte del material fue quemado, pero también se permitió que las personas retiren sus pertenencias pacíficamente. Con maquinaria pesada se derrumbó las construcciones de concreto.
La procuradora del Gobierno Regional de Arequipa, Rosa Vallejos Beltrán, informó que la zona invadida está reservada para la construcción de IREN Sur para pacientes con cáncer, el Hospital Materno Infantil del Cono Norte y la Gran Unidad Escolar Tarco Huamán.
Sobre las personas que se autodenominan copropietarios de los terrenos conocidos como Común de los Zeballos, la funcionaria señaló que el Poder Judicial se encargará de resolver y evaluar dicha documentación.
Vallejos, informó que hasta el momento se identificó a cuatro dirigentes responsables de dicha invasión que serán denunciados penalmente por el presunto delito de usurpación agravada.
La autoridad continuará con los procesos de desalojo de terrenos del Estado que fueron invadidos durante los días de crisis política, sectores como Culebrillas en Uchumayo, el Botadero en la parte alta de Mariano Melgar, Bella Unión y Yauca en la provincia de Caravelí y Mejía en Islay.
El alcalde de Yura, Nestor Chicaña Nina, informó que en su distrito existen otras zonas vulnerables a las invasiones como: La Pascana, Real Progreso, unas 400 hectáreas del Parque Industrial, además de zonas comunes destinadas a proyectos de educación, salud y áreas verdes. La Procuraduría de Yura denunció a 20 personas por usurpación agravada y ejecutó desalojos judiciales.
Los pobladores desalojaron pidieron a la autoridad regional la venta de terrenos a precios populares para que puedan acceder a una vivienda digna. Manifestaron haber llegado de provincias para garantizar la formación profesional de sus hijos en la ciudad.
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