Proyecto para deshacinamiento en penales debe ser «rápido y prudente»

En lo que va de la emergencia sanitaria, hubo varios motines en penales de todo el país.

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, destacó el reciente debate que se hizo en la sesión virtual del Congreso sobre el Proyecto de Ley que establece medidas excepcionales para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de la COVID-19.

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«El objetivo es impactar en la población que no tiene sentencia en los establecimientos penitenciarios. Saludamos el consenso con la finalidad de construir un proyecto que combine rapidez con prudencia en el sentido de que desde la población penitenciaria se está presionando para salir y tenemos que pensar en la seguridad de todos», señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro detalló que esta medida busca impactar a un universo máximo de 10 mil procesados por delitos no graves a través de la conversión de penas que podría dictar el Poder Judicial a través de los jueces.

De otro lado, Castañeda mencionó que la protesta en el penal de Santa Mónica ocurrió luego de una interna que fue trasladada a un hospital por una enfermedad preexistente dio positivo en una prueba de COVID-19, situación que «generó pánico en el penal».

Ante esto, el ministro comentó que una de las decisiones que tomó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue el traslado de 41 internas con hijos menores de tres años al Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP).

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Castañeda también confirmó que una interna del penal Mujeres de Chorrillos falleció a causa de la COVID-19. Por esta razón, mencionó que el INPE ha habilitado una zona de aislamiento dentro de este centro penitenciario.