Sentencia contra Zegarra y regidores se ejecutará cuando sea firme y consentida

La sentencia dictada contra el exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, regidores y funcionarios, de cuatro años de pena privativa de la libertad con carácter suspendida, se ejecutará cuando sea firme y consentida.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Carlo Magno Cornejo Palomino, aclaró que la sentencia por la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) el 2017, puede ser apelada, por ser un derecho de las partes, incluso de la Fiscalía, si es que no están conformes con sus intereses.
El magistrado explicó que será la Sala Penal Superior la que resuelva sobre la apelación, cuyos resultados podrían confirmar la sentencia de primera instancia o caso contrario anularla.
Según el adelanto de sentencia, el juez Juan Pablo Heredia Ponce resolvió sentenciar al exburgomaestre como autor del delito responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derecho, permitiendo que áreas verdes fueran convertidas en zonas urbanas, faltando a la norma.
Además de Zegarra, sentenciaron a los exregidores de esa gestión: Pedro Santos Quispe Cornejo, Daniel Muñoz Lazo, Lilia Pauca Vela, Mario Melo Villalba, Manuel Jano Huallpa, Otilia Paredes Villamil, Miguel Ángel Mendoza García y Fernando Figueroa Calachahui. En tanto, Ricardo Medina Minaya fue absuelto.
También a los funcionarios, miembros del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla): Francisco Ampuero Bejarano, Luis Alemán Abad y Gustavo Alonso Delgado Alvarado.
La fiscalía logró la inhabilitación de todos para ejercer algún cargo público por cuatro años y al pago de una reparación, cuyo monto recién se conocerá. La lectura integral de la sentencia se realizará el próximo 8 de marzo.
APELACIÓN Y CASACIÓN
Una audiencia de apelación podría programarse para dentro de 4 meses en una sala penal superior y en vía de casación a la Corte Suprema. Varios de los procesados anunciaron que apelarán la sentencia.
Carlo Magno Cornejo dijo que el exalcalde y funcionarios podrán seguir laborando mientras no se dicte una sentencia firme. Recalcó que la inhabilitación debe responder a un cargo más político como funcionario público.
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