Tía María: la “bomba” que tendrá en manos el próximo presidente

Por: Lino Mamani A.

 

Hace casi un año los residentes del Valle de Tambo, en Islay, decidieron irse a una protesta indefinida en contra del proyecto minero Tía María de la compañía Southern Perú. El paro empezó el 23 de marzo y no paró hasta que dio paso a la violencia, la muerte, grandes pérdidas económicas y denotar la poca acción del Ejecutivo. A un año de estas marchas, el conflicto social sigue latente y ante cualquier chispa puede encenderse nuevamente.

 

Cada día que pasaba, las protestas antimineras se reforzaban más y los gremios y distritos se unían a la lucha. Al inicio a pocos les interesó, ni la propia policía pensó que era un asunto delicado. Pero la tensión en las manifestaciones se exacerbó y recayó pronto en enfrentamientos cuando pretendieron tomar algunas vías en Cocachacra. Por un lado caían piedras lanzadas con huaracas (había una fuerza de choque llamada “Espartambos”) y por el otro, los uniformados respondían con perdigones y bombas lacrimógenas. 

 

Desde el valle agrícola, el paro se extendió hasta todo Islay y luego de pasar por La Joya también se trasladó a la Ciudad Blanca, donde también hubo desmanes y peleas entre ambos bandos y las calles del Centro Histórico lucían barricadas de adoquines.

 

A consecuencia de los duelos en Islay, cuatro personas fallecieron: tres agricultores y un policía. Un cuarteto que, en frentes opuestos, solo cumplía con su deber. Las investigaciones de sus muertes las tomó el Ministerio Público pero aún no se tienen identificados a los autores. Si sigue así quedará impune para tristeza de sus deudos.

 

Además, hubo pobladores a favor del proyecto quienes fueron amedrentados, agredidos y sus viviendas vulneradas, siendo obligados a buscar cobijo en la ciudad. 

 

¿DIÁLOGO?

Solo esta protesta culminó cuando el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, ordenó el estado de emergencia por 60 días (desde el 23 de mayo) en la provincia restringiendo el derecho de los tambeños a reunirse y entrando las Fuerzas Armadas para custodiar las vías de comunicación. Esto los debilitó.

 

Paralelamente, cuando el conflicto estalló; el Ejecutivo envió a sus ministros de Energía y Minas, Agricultura y Ambiente para que se sentaran en una mesa de diálogo con los dirigentes de la zona. Pero no llegaron a un acuerdo porque los antimineros condicionaban dar fin a su paralización solo si se cancelara el proyecto (sin que se varíe este requerimiento) y consideraban que el Gobierno Central quería imponer la concreción de Tía María.

 

Los visos de diálogo se resquebrajaron ante la falta de consenso y luego de que deviniese el escándalo de los “Pepeaudios”, que no son otra cosa que extractos de una conversación entre el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez y el abogado ambientalista, Jesús Gómez Urquizo, quien fungía como el nexo de Southern con los manifestantes.

 

Los principales cabecillas de las marchas perdieron representatividad cuando en la grabación Gutiérrez Zevallos solicita “lentejas” (dinero) a la minera, a través de Gómez Urquizo, con la condición de detener las protestas. 

 

Existe en curso una investigación en la Fiscalía Especializada Contra Crimen Organizado por tentativa de extorsión en contra de Gutiérrez, el exalcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz y el presidente de la Junta de Usuarios de Cocachaca, Jesús Cornejo. 

 

NO HAY MÁS

En la convulsión Southern Perú lanzó un comunicado en el que informaba que suspendían su proyecto temporalmente mientras realizaban una campaña de comunicación y de estrategias de socialización para crear un clima de paz en el pueblo, como debió ser desde un inicio.

 

La empresa inició esta labor desde 01 de setiembre del año pasado, con el programa Puerta a puerta donde visitó más de 2 mil 700 familias de la zona dándoles información sobre Tía María. Tuvo otros planes como Tambo ganadero, Pon tu piso y otros para ayudar a los agricultores.

Hasta el momento, la empresa concluye que sus campañas están siendo positivas para retomar las relaciones y conseguir la viabilidad social. 

 

El proyecto tiene el estudio de impacto ambiental aprobado desde el 2014 y sus voceros esperan que puedan iniciar las construcciones este año y empezar a extraer mineral desde el 2017. Aunque los dirigentes tienen otra lectura. 

 

POR QUÉ SE OPONEN

Jesús Cornejo dijo que la gente no permitirá que ese proyecto se concrete porque podría perjudicar el ambiente de su valle agrícola.

El proyecto cuprífero permitirá una inversión de mil 400 millones de dólares y consta de dos minas: La Tapada y Tía María. La mina está a tres kilómetros del valle agrícola, donde los pobladores generalmente cosechan arroz. Su miedo es que está relativamente cercana a su fuente de trabajo y podría contaminar sus campos. Además, afirman que los tajos abiertos afectarían las aguas subterráneas.

 

PASE LARGO

En la actualidad, todo el problema sigue tal cual. No existen avances sustanciales. Recientemente en su famosa Plaza San Francisco, los agricultores decidieron emprender marchas todas las semanas en contra de la minera.

 

Mauricio Chang Obezo, consejero por Islay, sostiene que el Gobierno se quedó de manos cruzadas y no retomó las conversaciones con la población. Afirmó que tal parece que el presidente Humala Tasso se rindió con sacar adelante la mina de Southern y “pasará el balón” a quien resulte como nuevo mandatario del Perú, quien tendrá que lidiar con este conflicto que está en boca de todos.

 

Todos los candidatos a la Presidencia de la República del Perú que arriban a la región son consultados por si sacarán o no adelante este proyecto minero. La mayoría –con su habilidad de políticos- responde con ambigüedades. Ni sí, ni no. Tienen el temor a definir una posición para no perder los votos que serán vitales al momento de los comicios del domingo 10 de abril.

 

Este conflicto minero es la herencia de Arequipa para el próximo presidente, quien tendrá que solucionar el problema que ni Ollanta Humala ni Alan García pudieron dar fin.