Tráfico de bebés: Hoy definen prisión preventiva para implicados

En su recta final se encuentra la audiencia de prisión preventiva por 36 meses que la fiscal del segundo despacho de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, Rosmery Mendoza Palomino, pidió para 11 de los 15 investigados acusados de integrar la organización criminal “Los desalmados del tráfico humano”. Los delitos que se les imputa son trata de menores, aborto y organización para delinquir.

La fiscal sustentó, en el quinto día de audiencia, uno a uno los peligros procesales en cuanto al arraigo familiar, laboral, de vivienda y de obstaculización a la justicia de cada uno de los imputados.

Empezó por la sindicada como la cabecilla de la organización criminal, Cinthia Tello Preciado, de quien dijo existe peligro de fuga por no contar con ninguno de los arraigos antes mencionados.

El abogado defensor de la exmodelo presentó como medios probatorios del arraigo laboral los contratos de organización de eventos, la fiscal refutó los mismos señalando que los documentos no cuentan con RUC, ni oficina fija.

Como arraigo familiar, la defensa legal de Cinthia Tello, presentó la matrícula en el colegio Domingo Savio de su hija de cinco años de iniciales A.B.T. y en cuanto al domiciliario señaló que la casa, en donde se le detuvo el pasado martes 6 de noviembre, es donde vive.

En ese último punto, la fiscal argumentó que la vivienda no puede ser considerada como arraigo, pues es en donde se orquestaría la compra de los menores.

De igual forma sucedió con su pareja, el exdirector nacional de la Policía, Gral. (r) PNP Raúl Becerra Velarde. Su abogado propuso que los 118 mil soles incautados al momento de la detención de su patrocinado sirvan como caución a cambio de su libertad con restricciones, si es que la jueza Danitza Sánchez creía conveniente fijarla. La fiscal señaló que su pedido no es posible, ya que el dinero fue incautado y sirve de medio de prueba para la actividad ilegal de la que se le acusa.

El abogado se mantuvo en la idea de que la fiscal no tiene contundencia en su acusación, por tanto no hay peligro de fuga y no amerita la prisión preventiva.

Semanas atrás ambos sustentaron que la menor Luciana, a quien dieron sus apellidos, era como su hija. Sin embargo, ayer en la audiencia no la presentaron como tal y menos basaron su arraigo familiar en ella.

En cuanto a los demás imputados, la fiscal también presentó sus razones procesales para que vayan presos preventivamente. Sus abogados también refutaron su pedido.

PROCESO
Rosmery Mendoza señaló que de acuerdo al concurso real de delitos la pena mínima que podrían recibir cada uno de los integrantes de la organización criminal asciende a 25 años, sin embargo hay elementos de convicción para algunos de ellos que pueden incrementar sus años de pena privativa de la libertad hasta 34 años.

“En este tipo de delitos de venta de bebés ya debes tener un comprador, no es que se consigue bebés y se va ofertando. Se está haciendo las diligencias respectivas para identificar a esos compradores”, señaló.

Aseguró que ya había mujeres captadas embarazadas dispuestas a vender a sus hijos, la fiscalía está en proceso de identificación de acuerdo a la documentación, conversaciones y llamadas que los imputados tenían en sus celulares.

“Se ha enviado celulares y laptops a Lima de todos los imputados para que sean investigados por los peritos. Recuerden que hemos tenido una investigación de 10 días en los cuales no se alcanzó a ver toda la información y contrarrestar todos los documentos que existen”, dijo.

Por existir riesgo en el proceso, debido a la detención de Raúl Becerra en esta ciudad, la fiscal decidió usar peritos de Lima.
Hasta el cierre de esta edición la audiencia continuaba en el segundo despacho de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, luego de que se reanudara a las 15:00 horas.